Ceuta es paradigma de la línea política, histórica y cultural que separa los países que pertenecen al mundo occidental desarrollado de los “otros”, de aquellos que, aunque conforman la mayoría demográfica de nuestro planeta, no pertenecen al grupo que lo dirige y domina.
La crítica situación que vive la ciudad como consecuencia de la súbita irrupción de algunas decenas de miles de personas, una nada despreciable proporción de las cuales todavía permanecen en ella en unas condiciones infames y difícilmente soportables tanto para los intrusos como para los residentes, está provocando un enorme desasosiego político en Europa y España, situación que, inevitablemente, tiene su traducción en los ámbitos sanitario y de salud pública local y estatal.
Una inquietud a todas luces razonable, porque las amenazas para la salud colectiva son verosímiles y las circunstancias en las que malviven los forasteros, propician la presentación de problemas de salud colectivos y personales que pueden generar importantes demandas de asistencia sanitaria.
No es de nuestra competencia analizar las causas últimas ni dirimir los posibles mecanismos políticos de prevención de esta crisis migratoria; pero sí queremos compartir nuestras consideraciones sobre lo que nos parece el abordaje más efectivo posible de los problemas que genera en el ámbito de la salud comunitaria, dicho sea sin desdeñar los padecimientos que afectan personalmente a los expatriados –particularmente de los menores- ni tampoco ignorar los efectos adversos de la situación para los vecinos y para los propios profesionales y trabajadores sanitarios ceutíes.
En nuestra opinión, no obstante, convendría que todas las instancias políticas y sanitarias implicadas trataran de asumir consensuadamente una respuesta común que podría o debería basarse en las siguientes premisas esenciales:
1. Que el problema es complejo y muy grave y que, por ello, no puede ser abordado a partir de simples proclamas populistas que lanzan mensajes políticos que, en muchas ocasiones, son incompatibles con el marco legal español y europeo sobre los movimientos migratorios, especialmente en lo que se refiere a los menores de edad.
2. Que las repercusiones sobre la salud pública, como es habitual en la mayoría de ocasiones, sean consideradas bajo una perspectiva transversal, intersectorial, fomentando no solo la coordinación sino una leal y comprometida cooperación entre los diversos sectores sociales, instituciones y administraciones implicadas aprovechando, en su caso, la colaboración de los expertos, entre ellos los sanitarios.
3. Que resulta imprescindible diseñar y desarrollar una estrategia –un plan de acción- idónea y oportuna, en cuyo calendario temporal se especifiquen los eventuales riesgos para la salud que pueden aparecer en cada una de sus fases y en el que se apunten preventivamente las eventuales alternativas, tanto epidemiológicas como asistenciales.
4. Que se asignen lo antes posible los adecuados recursos institucionales, personales y materiales disponibles, sin dilaciones injustificadas.
Premisas que desde luego involucran a los poderes políticos, un ámbito que no es de nuestra competencia, aunque a veces nos tiente, más allá de la mínima prudencia, la contundente frase atribuida al eminente patólogo Rudolf Virchow que “La medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala”. Si bien la frase de Virchow parece que continuaba así “…La medicina, como ciencia social, como ciencia de los seres humanos, tiene la obligación de señalar los problemas e intentar su solución teórica; el político, el antropólogo práctico, debe encontrar los medios para su solución real”[1]
El caso es que la salud pública trasciende el ámbito de la sanidad y sin llegar a sustituir a la política, afecta a muchos otros sectores sociales y de la administración pública. De hecho, la salud pública institucional, la tradicional sanidad oficial en la España del siglo XIX y buena parte del siglo XX, dependía del Ministerio de Gobernación, precisamente porque los problemas colectivos de salud habitualmente adquieren una dimensión que afecta al orden público; es decir, a la convivencia general.
Se requiere pues una efectiva coordinación intersectorial que en su vertiente técnica podría -o debería- ser materializada por una entidad de salud pública, que ejerciera como bisagra institucional entre la sanidad y el conjunto de la sociedad. Un papel que podría jugar la todavía no nata Agencia estatal de Salud Pública, y que para cuando exista debería aglutinar otros ámbitos más que la sanidad, como nos recuerda el reciente posicionamiento público de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)[2] que reúne a profesionales de la Epidemiologia, de la medicina, la enfermería, la veterinaria -algunos farmacéuticos- y también a juristas y economistas.
[1] Virchow misquoted, part‐quoted, and the real McCoy. J Epidemiol Community Health. 2006 Aug;60(8):671. PMCID: PMC2588080. Accesible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2588080/
[2] https://sespas.es/2026/08/21/sespas-pide-una-respuesta-coordinada-y-reforzada-desalud-publica-ante-la-situacion-extraordinaria-de-ceuta/
