Diez entidades advierten de los riesgos de reducir el horario de AP

Redacción. Palma de Mallorca
Las diez asociaciones médicas y sanitarias que forman la 'Plataforma en defensa de la Atención Primaria' en Baleares han hecho público un manifiesto en el que critican la mayoría de las medidas de ajuste en materia de sanidad aprobadas por el Gobierno balear.

Rosa Duro, presidenta de la Sociedad Balear de Medicina Familiar y Comunitaria, e Isidro Torres, presidente del Sindicato Médico.

Se muestran contrarios a la reducción horaria en los centros de salud, a la restricción de las sustituciones del personal sanitario y al cierre de los hospitales Juan March y General, si bien consideran positivas las medidas tendentes a "disminuir el consumo innecesario de recursos", como la puesta en marcha de una central de compras y el plan de ahorro energético.

El comunicado lo suscriben, entre otros, la Sociedad Balear de Médicina Balear y Comunitaria, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), el Sindicato de Enfermería Satse, el Colegio Oficial de Médicos, el Colegio Oficial de Enfermería, la Sociedad de Pediatría Balear (Sopeba), el Colegio Oficial de Fisoterapeutas y la Asociación Balear de Enfermería Comunitaria.

La plataforma no comparte la decisión de disminuir la oferta horaria en los centros de salud de Baleares, con la propuesta de dirigir la atención de los pacientes a partir de las 17.30 horas a los servicios de urgencias de atención primaria o a los servicios de urgencia hospitalarios. "Esta medida compromete aspectos tan importantes como la accesibilidad, continuidad y longitudinalidad de la atención prestada en los centros de salud, a la vez que provocará un previsible incremento de la demanda de los servicios de urgencias con un deslizamiento de los costes y un incremento de los motivos de demanda inadecuada en los servicios de urgencia hospitalarios", reza el texto.

Además, plantean estas organizaciones que la restricción drástica de las sustituciones del personal de atención primaria genera "un incremento del desempleo en un colectivo de excelentes profesionales, en los que se ha hecho una importante inversión de dinero público en su formación", a la vez que supone una sobrecarga laboral para los profesionales no sustituidos, "con la consecuente disminución en la calidad de su trabajo".

Opinan que los nuevos recortes económicos, sociales y laborales impuestos a los profesionales de atención primaria, se suman a otros producidos con anterioridad y "focalizan de una manera excesiva e injusta las medidas de recorte en los profesionales de atención primaria". Ello, afirman, genera "un grave deterioro de su estatus personal y profesional, que disminuye la motivación y el correcto desempeño profesional".

Consideran que el desmantelamiento de las estructuras sociosanitarias como el Hospital Joan March y General es "precipitado y poco fundamentado desde el punto de vista técnico", y que tendrá "graves consecuencias" para la población en la calidad de los servicios y para los profesionales.También muestran "serias dudas respecto a sus resultados finales en términos de ahorro y efectividad". La plataforma se queja de que una vez más todos estos cambios se han producido sin la participación profesional, mediante una política de "hechos consumados" y con "una nefasta estrategia de comunicación Administración-profesionales".

Las organizaciones firmantes del comunicado brindan su colaboración para conseguir una Atención Primaria "resolutiva" y exigen una "urgente convocatoria" de la plataforma para abordar de forma inmediata estas cuestiones. No obstante, advierten de que se reservan el derecho a iniciar todo tipo de actuaciones reivindicativas a su alcance en defensa de la atención primaria.