Un importe que se aleja de los 1.471.000 euros de valor que la Administración central había estimado y fijado en los pliegos iniciales



07 ago 2014. 19.30H
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Cristina Alcalá. Madrid
La empresa encarga de la asistencia sanitaria de los inmigrantes que llegan al país y que son enviados a los centros de internamiento de extranjeros (CIE) será Clínica Madrid, un grupo sociosanitario con cinco centros médicos en la Comunidad de Madrid.

Jorge Fernández Díaz.

Así lo ha anunciado la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, el organismo encargado de otorgar este tipo de adjudicaciones, en el documento al que ha tenido acceso en exclusiva Redacción Médica, y donde se especifica la cesión de esta actividad al complejo médico privado por 419.235 euros.

Un importe que se aleja de los 1.471.000 euros de valor que la Administración central había estimado y fijado en los pliegos iniciales.

El posible detonante pudo ser la muerte de una congoleña

El Gobierno anuncia esta adjudicación después de las innumerables polémicas que giran en este tema, desde el salto incontrolado de indocumentados a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, como las aglomeraciones injustificadas y excesivas que se forman de estos ciudadanos en los ocho CIE que la Administración tiene repartido por todo el territorio.

Sin embargo, la chispa que puso la alerta sobre este problema pudo ser la supuesta negligencia médica que se cometió sobre una inmigrante congoleña el pasado mes de enero en un centro de Madrid. Samba Martine, la extranjera en concreto, se aquejaba de distintas dolencias desde su ingreso en el centro. Después de asistir diez veces al médico, el informe final, de apenas folio y medio, solo constataba cefaleas, estreñimiento, gases y dolor de garganta. Nada de VIH que padecía y por el que murió poco después.

Cambio de manos en la adjudicación

Hasta el momento, el personal encargado de los reconocimientos médicos debía pertenecer a la Administración General del Estado, es decir, ser trabajadores públicos. Sin embargo, el nuevo reglamento establece la posibilidad de contratar los servicios de compañías privadas o acordar algún tipo de conciertos para mantener al cien por cien la asistencia sanitaria en estos centros.

No obstante, organizaciones no gubernamentales (ONG) critican el cambio de rumbo en la prestación sanitaria en este sentido, al considerar que la ausencia de personal durante algunos momentos del día no garantiza la asistencia a este colectivo. De hecho, las empresas que se presentaron al concurso ofrecían sus servicios con horario y localización limitados, es decir, que no estarían en los centro de internamiento las 24 horas del día, los 365 días del año.

Finalmente, el Gobierno, bajo presiones del Consejo de Estado, órgano consultor en materia legislativa, modificó el borrador del nuevo reglamento para garantizar, finalmente, el derecho a “recibir asistencia médica y sanitaria adecuada” sin que sea el único criterio el de los servicios médicos.
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