El grupo de trabajo deberá presentar su informe en un plazo de seis meses



3 feb. 2011 16:06H
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 Redacción. Toledo 
 Una comisión de expertos, presididos por la directora general de Salud Pública, Berta Hernández, trabaja ya en los aspectos que definirán la nueva Ley de Salud Pública de la región que tendrá como objetivo fortalecer la seguridad y protección de los ciudadanos frente a los riesgos de salud y que requerirá una actualización de los contenidos y servicios públicos que se ofrecen en este ámbito.

Fernando Lamata, en el centro, se reunió con la comisión que trabaja en la elaboración de la Ley de Salud Pública y que está presidida por la directora general de Salud Pública, Berta Hernández (a la derecha del consejero).

Así, este grupo de trabajo, integrado por expertos en el ámbito de la salud pública y de la asistencia sanitaria, deberá presentar en un plazo de seis meses un informe que analice la situación de la salud pública en la comunidad autónoma, así como elaborar las líneas principales que marcarán el anteproyecto de esta nueva norma.

La futura Ley de Salud Pública, que pretende mejorar la coordinación y reforzar la importante labor que llevan a cabo todos los profesionales que trabajan en este ámbito en la comunidad autónoma, completará, según informa la Junta, la batería de leyes que en materia social y sanitaria se han puesto en marcha durante la legislatura vigente, tales como la de Derechos y Deberes en Materia de Salud, Servicios Sociales y Familias Numerosas y Apoyo a la Maternidad, y que se verá completada con la Estrategia 20/20 de Salud y Bienestar Social para el próximo decenio que se presentará a lo largo de este primer trimestre del año.

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha recordado que hablar de salud pública es hablar de vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y de prevención de las enfermedades; de la adopción de hábitos de vida y comportamientos saludables que mejoren la calidad de vida, especialmente desde edades tempranas; o de programas de protección de la salud de los ciudadanos en el ámbito de la sanidad ambiental, salud laboral y seguridad alimentaria, con la localización de posibles riesgos de enfermedades o intoxicaciones.

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