Redacción Médica
20 de septiembre de 2018 | Actualizado: Jueves a las 22:05
Martes, 24 de abril de 2012, a las 18:52

Enrique Pita / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
Los recortes en materia de dependencia previstos por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado han instalado la preocupación en el sector. El rechazo es generalizado, como muestra la unión de sindicatos y patronales para la firma de un manifiesto en el que rechazan los “ajustes” y reclaman a las administraciones un Plan que haga efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia. De este modo, CCOO, UGT, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores del Sector Solidario (Lares) y la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), anuncian una hoja de ruta que les llevará a presentar sus reivindicaciones y propuestas al Gobierno central, pero también a los autonómicos y al resto de fuerzas políticas.

De izquierda a derecha: el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera; el responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Actividades Diversas de CCOO, Jesús Martínez; la secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Pilar Navarro; el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, José Alberto Echevarría; el asesor jurídico de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores del Sector Solidario, Antonio Molina; y el presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste).

La atención a personas dependientes “es un derecho que hay que defender”, señala Antonio Molina, representante de Lares, que señala que es imprescindible “involucrar a la sociedad para defender los derechos de los dependientes”. Entre las reclamaciones llama la atención la coordinación sociosanitaria, porque su inexistencia “aumenta los costes, pero si se organiza bien se ahorraría y se crearía empleo”, resalta el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, que incide en que lo que piden al Gobierno es, ni más ni menos, “que desarrolle lo que plasma la Ley, porque si se hace bien aportaría eficiencia tanto al sector sanitario como a los servicios sociales”.

Otro de los problemas clave que se evidencian en la aplicación de la Ley hasta ahora y que prevén que empeorará con los recortes es la creación de empleo. “Pensábamos que con la aplicación de la Ley se crearían 450.000 empleos, pero no se ha logrado”, explica la secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Pilar Navarro. Un análisis que suscriben las patronales firmantes del documento, que apuntan que el sector es creador de empleo y de riqueza. Y es que, señalan, en España hay cerca de 40.000 plazas residenciales vacías que, si se ocuparan, supondrían un coste para el Estado de 700 millones de euros, pero un retorno en forma de impuestos y de aportación a la Seguridad Social de 1.000 millones. Con esos datos, parece complicado replicar su papel como sector tractor. En este sentido cabe recordar que el recientemente firmado VI Convenio de la Dependencia recoge una serie de cláusulas para que no se pierda empleo en el sector y un compromiso para que el 80 por ciento de este empleo sea fijo.

Antonio Cabrera.

Jorge Guarner.

Lo que está en peligro con los recortes es “el propio derecho subjetivo de los ciudadanos reconocido por la Ley de Dependencia” y la creación de empleo. “La Ley de Dependencia ha sido importante y crucial para el desarrollo de unos derechos, pero no se logró que fuera una prestación incluida en la Seguridad Social ni que primara en su puesta en marcha la prestación para cuidador profesional por encima de la prestación para cuidador no profesional”, resalta Navarro. Por su parte, el presidente de Aeste, Jorge Guarner, explica que la demanda es “pensar a largo plazo, establecer un marco a largo plazo porque es necesario invertir en infraestructuras”. Esto, desde su punto de vista, crea empleo directo e indirecto, algo especialmente necesario en momentos de crisis.