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Javier Leo. Madrid La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha puesto en marcha una red de médicos favorables a la objeción de conciencia ante la prohibición de atender a inmigrantes irregulares en las consultas de Atención Primaria a partir del próximo 1 de agosto. Con la colaboración de la Organización Médica Colegial (OMC), el único organismo capacitado para crear un registro de objetores, Semfyc pretende “presionar” al Gobierno para que cambie la norma y asegure al inmigrante “sin papeles” una asistencia sanitaria “mínima y decente” que incluya, además de las urgencias, la Atención Primaria, la prevención, la salud pública, la atención a la discapacidad y el acceso a los medicamentos esenciales. Tal y como ha explicado el presidente de Semfyc, Josep Basora, “el profesionalismo médico no entiende de crisis, entiende de valores, y el médico de Familia no puede mirar hacia otro lado ante esta situación”. Según el ‘Análisis ético ante la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes sin permiso de residencia’, elaborado por el Grupo de Trabajo de Bioética de Semfyc, el Real Decreto 16/2012 crea un “doble conflicto” al médico, que debe cumplir con el servicio de salud y las normas que lo rigen, así como mantener una lealtad y un deber con sus pacientes. “Hay motivos legales para decir que no a esta medida”, asegura Abel Novoa, coordinador del análisis. “El Gobierno tiene la legitimidad para decidir qué asistencia sanitaria se presta y a quién, pero no puede legislar nada que vaya en contra de los derechos fundamentales del individuo, entre los que se encuentra el derecho a la salud. Aunque la asistencia sanitaria no sea un derecho fundamental”, explica Novoa, “el derecho a la salud exige un mínimo de asistencia sanitaria que no se cumple garantizando solamente la atención en urgencias”. No obstante, apunta, Semfyc solo reivindica esta “atención mínima” para los inmigrantes irregulares que ya están en España y son atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), no para los que vengan a partir de agosto. La restricción a los inmigrantes que vengan a partir de agosto sí es legítima “Aceptamos que el Gobierno limite los servicios sanitarios que se prestan a los potenciales inmigrantes que vengan a España. Es legítimo y los médicos tenemos el deber de obedecerlo, porque desde el inicio de la relación clínica el paciente sabe qué servicios puede recibir y cuáles no”, argumenta Novoa. Con lo que los médicos de Familia no están de acuerdo es con “cambiar las reglas a mitad del partido” con los inmigrantes que ya están siendo atendidos. Ante esta restricción “la única salida que le queda al médico que no está de acuerdo es la de objetar y desobedecer la ley”, asevera el presidente de Semfyc. La objeción de conciencia es un derecho básico que no puede ser perseguido Para ello, esta sociedad científica propone una objeción de conciencia “equilibrada” en la que los médicos que opten por ella “atiendan a estos pacientes al final de su consulta o en los huecos que tengan, sin perjudicar al resto de ciudadanos”. Esta atención deberá realizarse dentro del horario laboral, ya que “no se trata de caridad ni de beneficencia, sino de justicia, porque esta ley atenta contra nuestra moral profesional”, subraya Novoa. Sobre las posibles sanciones administrativas a los objetores, desde Semfyc recuerdan que la objeción de conciencia “es un derecho básico que no puede ser perseguido” y ofrecen su apoyo y asesoramiento legal a todo aquel que la ejercite. “Queremos cambiar la ley”, sentencia Basora, “y este nos parece un buen primer paso para ello. Esperamos que el resto de organizaciones se sumen a la iniciativa”. |
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