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La nueva Ley de Salud simplifica la legislación sanitaria

Se reduce a la Ley de Salud y a tres leyes de ordenación y prestación farmacéutica

Miércoles, 17 de septiembre de 2014, a las 13:03
Redacción. Valencia
El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Proyecto de Ley de Salud de la región, un “nuevo marco global e integrador de ordenación de la sanidad pública", como ha calificado el consejero de Sanidad, Manuel Llombart. El titular del ramo ha destacado el “alto grado de consenso alcanzado con los colectivos profesionales y sociales, y cuyo contenido ha sido debatido en el Consejo de Salud de la Comunidad, lo que permitirá que tenga permanencia en el tiempo".

Manuel Llombart, consejero de Sanidad.

La Ley supondrá la simplificación de la legislación sanitaria, que queda reducida a dos cuerpos legislativos: la Ley de Salud de la comunidad y las tres leyes que regulan la ordenación y prestación farmacéutica. Según Llombart, "se trata de un ambicioso proyecto de refundición de siete leyes y cuatro decretos en una sola norma integral", que se enmarca dentro del II Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas (Sirca) 2013-2015.

Estructura

Consta de nueve títulos, en los que además de quedar definido el Sistema Valenciano de Salud como organización, se establecen las prestaciones sanitarias a las que pueden acogerse los ciudadanos. También recoge las directrices en materia de salud pública y drogodependencias; concreta los derechos y deberes del ciudadano en el ámbito de la salud y define la capacidad interventora de la administración sanitaria a la hora de controlar y sancionar aquellos aspectos que afectan a la salud individual y colectiva de la población.

Novedades destacadas

Esta nueva norma reconoce la condición de autoridad pública a los profesionales sanitarios, que pasarán a disfrutar de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente. Supone una mayor protección legal ante una posible agresión y la calificación del hecho como delito de atentado y no como delito de agresión, lo que constituye una pena superior.

Se refuerza también la participación ciudadana, para ello se prevé la creación del Comité de Pacientes de la región, como órgano de carácter consultivo. En materia de derechos de pacientes, se simplifican los documentos del consentimiento informado respecto a la ley anterior a fin de hacer más flexible y eficiente su utilización. Asimismo, se regula el consentimiento informado para menores cuando sus progenitores estén separados o divorciados.

En Salud Pública, se reconocerán legalmente las Redes de Promoción de la Salud, como herramientas de intercambio de conocimiento y aprovechamiento de experiencias y proyectos realizados en distintos ámbitos.

En el ámbito de las drogodependencias y otros trastornos adictivos, se contempla de forma expresa la adicción a las nuevas tecnologías (teléfono móvil, internet, videojuegos y contenidos virtuales). También se mencionan los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, limitando su uso a lo dispuesto en la normativa estatal. En el ámbito laboral, en los programas de prevención participarán las organizaciones empresariales, sindicales, servicios de prevención y comités de seguridad y salud.

En el campo de la investigación, según el consejero de Sanidad, se desarrollarán “nuevos productos y métodos diagnósticos, pronósticos y terapéuticos que redunden en una mejor práctica clínica y una mejor calidad de vida de los pacientes".

Se continúa con la adaptación del Sistema de Información Poblacional (SIP) al nuevo modelo de aseguramiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), en materia de aseguramiento sanitario, además de consolidar y completar la integración funcional con la base de datos de tarjeta sanitaria única del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Msssi).

Por último, se han unificado los diversos regímenes sancionadores concurrentes en materia de ordenación y asistencia sanitaria, salud pública y drogodependencias: una regulación común dispuesta establece que los padres, tutores, acogedores y guardadores legales deberán responder solidariamente con los menores de edad del pago de las indemnizaciones y sanciones derivadas de las infracciones cometidas por ellos.

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