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Redacción. Madrid El Presupuesto de la Administración central del Estado (excluidos Seguridad Social, Servicio Público de Empleo, obligaciones de ejercicios anteriores y aportación al fondo europeo de rescate MEDE) se contraerá el año próximo un 8,9 por ciento, hasta los 39.722 millones, lo que supone que esta Administración dispondrá de 3.883 millones menos que en 2012.
Las transferencias del Estado a las comunidades autónomas descenderán un 12 por ciento, hasta los 24.421,5 millones. Por el contrario, las transferencias corrientes y de capital del Estado a las entidades locales se incrementarán hasta los 16.135 millones, el 5,4 por ciento más. Las pensiones, el desempleo y la deuda pública "se comen" seis de cada diez euros del gasto presupuestario previsto para 2013. Estas tres partidas suman un total de 187.139,76 millones, lo que representa el 58,5 por ciento del gasto total incluido en los presupuestos, que suma 319.460,60 millones, el 2,5 por ciento más que en 2012.
El Gobierno defiende que el gasto social supone el 63,6 por ciento del presupuesto consolidado, con 178.771 millones, lo que implica un incremento del 1,9 por ciento, propiciado por el aumento del 4,9% en la partida de pensiones. En términos generales hay dos datos significativos. En primer lugar, 1.087,18 millones de esos 2.205 corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado, un 15,5 por ciento menos con respecto al año pasado, es decir, pierde 200 millones de euros. En segundo lugar, 1.034 millones, casi el 50 por ciento, se destina a la financiación de las obligaciones pendientes de pago de cuotas a la Seguridad Social de cuidadores no profesionales. Este último punto es la piedra de toque. Y es que el presupuesto global asciende (el año pasado fue ligeramente superior a 1.400 millones), pero incluye una partida que no estaba reflejada en los PGE de 2012, esos 1.034 millones para el pago de cuotas a la Seguridad Social. No es de extrañar por tanto que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales haya calificado el supuesto incremento presupuestario como “un espejismo”.
Los PGE son un fiel reflejo de lo acordado en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) celebrado el pasado mes de julio, cuando se acordó, y luego lo refrendó el Gobierno con su aprobación en Consejo de Ministros, la reducción del 15 por ciento en la prestación del cuidador familiar, la suspensión de la incorporación de dependientes con Grado I hasta el 1 de julio de 2015 o simplificó la valoración (baremo) a tres grados (sin niveles), entre otros aspectos. |
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