Redacción Médica
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Primer paso para blindar al médico que intervenga en la maternidad subrogada

La formación busca legalizar estas prácticas en España, así como crear un registro nacional de gestantes

Lunes, 23 de febrero de 2015, a las 19:02
Redacción. Madrid
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una proposición no de ley en la que pide crear un marco regulatorio para la gestación subrogada (también conocido como vientres de alquiler) en España, así como dotar de garantías jurídicas para los profesionales sanitarios que la practiquen, personas que intervienen en el proceso y, especialmente, en los menores.

Rosa Díez.

En su escrito, el partido magenta reclama al Gobierno regular, bajo normativa legal, una situación que ya se produce en algunos países de la Unión Europa (como Grecia) y blindar los derechos de las familias que decidan acceder a este tipo de procesos, así como al equipo médico que interviene en ellos.

Para ello, UPyD pide la derogación del artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, y elaborar una nueva norma en la que se incluya algunos preceptos. Como por ejemplo, que solo puedan acceder a esta técnica aquellas personas o parejas que hayan agotado con anterioridad otros métodos o sean incompatibles con otras técnicas de reproducción.

Asimismo, piden que la mujer gestante por subrogación cumpla una serie de requisitos: mayor de edad, buen estado de salud psicofísica y plena capacidad de obrar. Además, debe haber gestado con anterioridad al menos a un hijo, que esté vivo, y disponer de una situación socioeconómica estable en España durante, al menos, dos años, para evitar que la madre acuda a este tipo de prácticas por motivos económicos. Algo que, UPyD prohíbe en sus escrito. “La gestación subrogada nunca tendrá carácter lucrativo o comercial y tendrá exclusivamente fines altruistas. La compensación económica se fijará solo para gastos de desplazamiento y labores”.

Por último, la formación de Rosa Díez reclama un Registro Nacional de Gestación Subrogada, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el que se inscriban las mujeres que deseen participar en este proceso, con su marco jurídico establecido, así como promover esta normativa al resto de la países de la Unión Europa que no la incluyan.

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