| emilio olabarría, portavoz de sanidad del grupo vasco en el congreso | |||||||
| “Parte importante del RD será declarada inconstitucional” | |||||||
| El diputado teme que el trabajo de la Subcomisión se vea ensombrecido por intereses partidistas | |||||||
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María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid El diputado del PNV Emilio Olabarría afronta su séptima legislatura preocupado por el impacto del Real Decreto 16/2012, si bien prevé que el Tribunal Constitucional declarará su invalidez en "partes importantes". Sus múltiples responsabilidades en el Congreso (es portavoz de seis Comisiones y presidente de otra) no interfieren en su interés por el Sistema Nacional de Salud o la Ley de Dependencia, cuyos principios fundacionales no le convencieron desde un principio. ¿Cree que se está desmantelando el Estado de Bienestar?
Decir muy enfáticamente que el PP está acabando con el Estado de Bienestar puede resultar como reflexión política quizás exagerada. Pero nosotros no albergamos ninguna duda de que los Reales Decretos que se están aprobando erosionan o muerden partes del Estado de Bienestar, tal y como ha sido concebido. ¿El RD 16/2012 es anticonstitucional? En mi opinión, sí. Estamos esperando que quienes han anunciado el recurso lo presenten. Lo ha hecho el lehendakari López y otros gobiernos autonómicos. La invasión competencial es brutal en relación a Euskadi, que tiene servicio sanitario, mucho mejor configurado que el del Estado español aunque algo deteriorado en la última legislatura, y leyes sanitarias propias. Es tan prolija la determinación de la prestación de los servicios sanitarios a través de las tres carteras que se prevén, que se produce una vulneración e imposibilidad de que en el ámbito autonómico se pueda realizar ningún tipo de configuración normativa. En el ámbito farmacéutico ocurre lo mismo, imposibilitando regular esta materia en el ámbito autonómico. Además, se reduce la cobertura con una cartera inferior a la prevista por leyes anteriores, y se dificulta el acceso a medicamentos mediante fórmulas de copago que afectan a pensionistas y personas que pueden tener dificultades para adquirirlos.
¿Qué sucederá si el recurso del País Vasco prospera? Cuando se representa un recurso de inconstitucionalidad, normalmente se pide la suspensión cautelar de la norma hasta la emisión de la sentencia. Conociendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, la del derecho a la salud contemplado artículo 43, tengo la impresión de que partes importantes del Real Decreto se declararán inconstitucionales. Usted ha alertado en el Congreso del efecto colateral privatizador que puede tener la norma… Yo soy poco muy poco proclive a imputar intenciones, pero los efectos se producen al margen de que estas sean más o menos bondadosas. Si hay dificultades en el acceso a la sanidad pública o a los fármacos mediante su encarecimiento, o reducción de carteras prestaciones, puede provocar que quienes tengan posibilidades económicas acudan al seguro privado. Es un efecto no sé si buscado, pero inevitable probablemente. El Gobierno achaca la situación actual a la “herencia” recibida del PSOE. ¿Qué parte de responsabilidad tiene para usted la anterior gestión? La herencia que ha recibido el PP no ha sido buena. Yo no sé si el déficit del PP coincide con los 16.000 millones de euros que proclaman o ha ido creciendo bajo su gestión, para nuestro partido ineficiente. No se puede convivir con un déficit tan abultado. En todo caso, convendría ser equilibrado para hacer valoraciones de tipo financiero: 16.000 millones es menos de lo que se va a prestar a Bankia. Yo siempre voy a priorizar los intereses de los usuarios de la sanidad pública antes que los de una entidad financiera. Hay que reducir ese déficit del SNS pero no necesariamente a costa de la reducción de los derechos de los usuarios y de la aplicación de preceptos constitucionales. Hay otros métodos, como la optimización de los servicios y la Atención Primaria, la reducción de la atención hospitalaria, la prevención desde el ámbito educativo… Hay muchos mecanismos para reducir el número de personas que requieren asistencia sanitaria, con una actuación preventiva muy intensa. Yo creo que la fórmula de ahorrar es esa.
¿Qué opina de los mecanismos del pago a proveedores establecidos por el Gobierno? Habría que optimizar también un sistema de compras, no sé si centralizado o autonómico. Es difícil que sea centralizado cuando las carteras de servicios son manifiestamente diferentes, aunque en el ámbito autonómico y a través de conferencias intersectoriales se podrían buscar sistemas de compras basados en genéricos o principios activos en la medida de lo posible. Lea la entrevista completa |
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