Redacción Médica
21 de julio de 2018 | Actualizado: Sábado a las 16:00
Martes, 15 de abril de 2014, a las 17:57
Carlos Cristóbal y Ricardo Martínez Platel / Imagen: Pablo Eguizábal. Segovia
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado, ha inaugurado el III Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria, organizado por Sanitaria 2000, donde ha explicado que “la crisis ha obligado a tomar medidas de ajuste importantes que han impactado especialmente en los profesionales y algo menos en los usuarios”. Sáez Aguado ha señalado que en su región los pacientes “no han perdido derechos, recursos y prestaciones”.

José María Pino, presidente de Sanitaria 2000; y Antonio Sáez Aguado, consejero de Sanidad de Castilla y León.


Esta segunda recesión ha reactivado problemas estructurales, según ha asegurado el consejero, por lo que “las soluciones nos pasan por ceñirse solamente al apartado económico”. Sáez Aguado ha remarcado que “todas las medidas adoptadas se leen en clave de recorte” algo que bajo su punto de vista supone “un paso atrás”, algo a lo que el debate político “no ha ayudado”. Para el consejero hay “dos lecturas perversas: las que plantean el debate sobre la gestión clínica como una privatización de la sanidad; y aquellas posiciones que solo alertan de los peligros que agitan los fantasmas y solo lleva a posturas inmovilistas”.

Antonio Sáez Aguado, consejero de Sanidad de
Castilla y León.

Sáez Aguado ha asegurado que “el exceso de diagnóstico puede suponer un riesgo, que acarrea un retraso a la hora de plantear medidas de mejora y reforma”. El responsable de la sanidad castellanoleonesa considera que “todavía se perciben pocos cambios en el sistema público y debemos acelerar la acción”. Por ello, se ha mostrado partidario de, en el caso de Castilla y León, “fijar el modelo público actual, por medio de dos estrategias, como son la interrelación asistencial de la Atención Primaria con la Hospitalaria y el abordaje de los problemas desde la cronicidad”.

El consejero echa de menos un sistema “más cohesionado, sin que ello afecte a las competencias”. Para Sáez Aguado el mejor ejemplo es el sistema nacional de trasplantes, donde las comunidades “estamos cómodas, tenemos elementos compartidos, con listas únicas”, sin que suponga una “recentralización”. Por último, el consejero de Castilla y León, ha manifestado que “el modelo sanitario exige cambios para garantizar su sostenibilidad, porque las medidas que se han tomado sirven para hoy, pero no para el futuro”.

Por su parte, José María Pino, presidente de Sanitaria 2000, ha reconocido que “el sector necesita la labor que desarrollan los altos cargos, aunque tengan que asumir decisiones complicadas que resultan imprescindibles, ya que así han evitado que la sanidad se encuentre hoy en una situación muy delicada”. En la celebración de este encuentro han colaborado Grupo Cardiva, Fresenius Medical Care, Gasmedi, GE imagination at work, Otsuka y Roche.

El consejero de Aragón, Ricardo Oliván (en el centro), junto a varios miembros de su equipo: Antonio Villacampa, director general de Planificación y Aseguramiento; Elisa Perlado, subdirectora médica del Hospital Clínico Lozano Blesa; José Antonio Martínez Peña, director de Gestión del Sector II de Zaragoza; y Cristina Gavín, directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.


En la imagen de la izquierda el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino, junto a la subdirectora adjunta de Cartera Básica de Servicios del SNS y Fondos de Cohesión, Maravillas Izquierdo. A la derecha el director de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, Armando Resino; y el presidente de Facme, Carlos Macaya.


Ricardo Arias Duval, presidente de Fresenius; junto a Pedro Costa, director de la Unidad de Negocio de la misma compañía. A la derecha, Antonio Alemnay, director general de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid; y José María Padrosa, gerente del CatSalut.


El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, junto al director general de Ordenación e Inspección Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Manuel Molina. A la derecha, Luis Carretero charla con Miquel Tomàs, director del Ib-Salut.


La directora del Servicio Canario de Salud, Juana María Reyes (segunda por la derecha), junto a varios miembros de su equipo: María Antonia Pérez, directora general de Procesos Asistenciales; Zaira Gil, secretaria general; Joaquín Morales, director general de Recursos Económicos; y Mª Carmen Aguirre, directora general de Recursos Humanos.


El consejero catalán, Boi Ruiz, charla con  Ignacio Tremiño, director general de Discapacidad del Ministerio. A la derecha, Luis Carretero, gerente del Sescam; y Francesc Brosa, subdirector del CatSalut.


 Julio de la Rosa, director comercial de Gasmedi; Eduardo García Prieto, gerente del Servicio de Salud de Castilla y León; y José Antonio Martínez Peña, director de Gestión del Sector II de Zaragoza.


El director gerente del Sespa, Tácito Suárez (en el centro) junto a Piedad Navarro y Ángel Bajills directora comercial y de Relaciones Institucionales y director general de Air Liquide, respectivamente.


En la imagen de la izquierda, Arantxa Ruiz, directora de la división hospitalaria de Gasmedi; Pablo Crespo, responsable del Departamento Legal de Fenin; y Jesús Beristain, director comercial y de Marketing de Air Liquide. A la derecha, Concha Caudevilla, Montse Sánchez-Agustino y Mercè Rodríguez, de Otsuka.


Ruiz: “Quiero centros con autonomía de gestión”
El consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, ha reconocido que aunque en España, en estos momentos, “se está gastando poco en sanidad, se están obteniendo grandes resultados”. A pesar de que la cantidad destinada “está muy por debajo de la media europea, se está haciendo muy bien, pero el sistema se aguanta por los bajos salarios”, tal y como ha reconocido en el III Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria, que ha organizado Sanitaria 2000.

Tomás Mendoza, director de Recursos Humanos del Sespa; Eduardo García Prieto, gerente regional de Salud de Castilla y León; Boi Ruiz, consejero de Salud de Cataluña; Julián García Comesaña, subdirector general de Ordenación Profesional e Innovación Organizativa del Sergas.


Ruiz, que ha sido preguntado por Eduardo García Prieto, gerente regional de Salud de Castilla y León; Tomás Mendoza, director de Recursos Humanos del Sespa; y Julián García Comesaña, subdirector general de Ordenación Profesional e Innovación Organizativa del Sergas; ha defendido que “hay muy buenos gestores y fantásticos profesionales”, pero ha demandado que sea “la política sanitaria la que marque los presupuestos y no al revés”, por lo que ha exigido “un cambio de modelo”.

Boi Ruiz asegura que "se está gastando bien".

Durante la crisis, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) “ha realizado un enorme sacrificio, pero todavía lo hubiera podido hacer mejor si hubiésemos contado con las herramientas más adecuadas”, pero “este esfuerzo se neutraliza porque los profesionales no se sienten reconocidos”. En este sentido, ha pedido que el sistema de incentivos se adapte a las capacidades de cada uno, porque “los topes salariales por arriba son poco incentivadores, porque tatar igual lo que no lo es, llegar a convertirse en algo desmotivador”.

El consejero catalán es partidario de la “autonomía de gestión de los centros” que se ha instaurado en su comunidad, pero ahora “hay que tratar de trasladarlo a todo el hospital”, siempre que “se cumpla con el déficit”. Boi Ruiz ha comentado que “hay que medir y comparar los resultados de las decisiones adoptadas, ya que es la mejor opción para lograr una confianza, a base de honradez y competencia”.

EL gerente del Sescam, Luis Carretero (en el centro), rodeado de varios miembros de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid: Manuel Molina, director general de Ordenación e Inspección; Armando Resino, director de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud; Antonio Alemany, director general de Atención Primaria, Jesús Vidart, director general de Gestión Económica y Compra de Productos Sanitarios y Farmacéuticos; y Javier Maldonado, viceconsejero de Asistencia Sanitaria.


El consejero catalán de Salud, Boi Ruiz, charla con Julián García Comesaña, subdirector general de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa del Sergas. A la derecha, Manuel Díaz-Rubio, de Roche, junto a Féliz J. Yéboles, jefe de ventas en la División de Diagnóstico por Imagen de GE Healthcare; y Agustín Montes, también de GE.


Luis Rafael Santiso, director general de Salud Pública balear junto a su homóloga en Navarra, Marisol Aranguren; y el gerente del Servicio Navarro de Salud, Juan José Rubio.


Gonzaga Garat, director territorial de GE Healthcare, junto a José María Padrosa, gerente del CatSalut. A la derecha, Ricardo López, director general de Sanitaria 2000, junto a Pedro Luis Zaragoza, director general de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.


José María Eiros, gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid; José María Pino Morales,  José María Pino Morales, director general de Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León; y José María Pinilla, gerente de Atención Primaria de Segovia.


Jesús Vidart, Armando Resino y Antonio Alemany.


Rodríguez: “La pública es nuestra prioridad”

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, ha señalado durante la conferencia que ha pronunciado durante el III Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria, organizado por Sanitaria 2000, que “la sanidad pública es una prioridad”.

La conferencia del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, ha sido presentada por el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino.


Rodríguez ha comentado que “todos los gobiernos han tomado decisiones intentando mejorar el sector público, con más o menos acierto” y también ha reconocido que los trabajadores que forman parte del Sistema Madrileño de Salud están mal pagados, aunque la comunidad esté a la cabeza en prestaciones y servicios”.

Rodríguez destaca que España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.

“El compromiso con lo público es indiscutible, digan lo que digan”, ha expresado el consejero, que ha aprovechado para comentar que la sanidad se lleva el 45 por ciento del presupuesto de Madrid, lo que significa que se destinan 7.000 millones de euros, para dotar a la comunidad “de los mejores profesionales, tecnologías y estructuras”. Desde 2003 a 2014, la región ha pasado a tener 11 hospitales públicos y 81 centros de salud, a los que se sumarán tres más en junio, en los municipios de Boadilla del Monte, Arroyomolinos y Alpedrete.

Javier Rodríguez ha confesado que una de las primeras medidas que ha tomado desde que se encuentra al frente de la Consejería ha sido la renovación de contratos que, a la espera del proceso de externalización, se estaban prorrogando por un mes y ahora se firman por tres, seis y doce meses. Concretamente, el 95 por ciento de dichas renovaciones se están haciendo por un año. El consejero ha comentado que “pronto pasarán a ser interinos y se convocarán plazas para consolidar el empleo”.

Respecto a la OPE, Rodríguez ha señalado que todavía no sabe cuándo se llevarán a cabo, fundamentalmente por un tema de “infraestructura”, puesto que en el caso de Enfermería barajan la cifra de 48.000 candidatos los que se presentarían a la convocatoria. Aunque el número de médicos sería menor, para evitar posibles críticas “se harán conjuntamente las de Enfermería con la de Medicina”.

El consejero ha hecho hincapié en que se ha puesto en marcha el observatorio de resultados, en el que se incluyen 261 indicadores que van a permitir no solo tener en cuenta las cifras, sino también la complejidad de los actos asistenciales e intervenciones quirúrgicas. Dando a conocer estos datos, y teniendo en cuenta la libre elección, a los pacientes “se les ayudará a elegir”, además de anunciar que “se publicarán en junio las memorias de los hospitales”.

Por último, Rodríguez ha destacado que en Madrid se han realizado 450.000 intervenciones, de las que el 95 por ciento se han llevado a cabo con recursos propios y solo el 5 por ciento con medios concertados. Asimismo, el 80 por ciento de los hospitales no derivan ni una sola prueba diagnóstica. Todas estas cifras “desmontan”, según el consejero, “los rumores vertidos e infundados sobre la sanidad madrileña”.

Ricardo Arias Duval, presidente de Fresenius; el consejero Rodríguez; Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia; y Javier Maldonado, viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

En la imagen del lado izquierdo, Milagros Estrada, subdirectora de RRHH y Coordinación Administrativa del Servicio Cántabro de Salud junto a Carlos León, su gerente; y Miquel Tomàs, director del Ib-Salut. A la derecha, José Miguel Acitores, director general de Salud Pública y Consumo de La Rioja; y Marisol Araguren, que ocupa el mismo cargo en Navarra.

El consejero Rodríguez (en el centro) junto a Javier Maldonado y José María Pino. En la imagen del lado derecho, Fernando Lamata, del grupo de expertos en Salud de la Comisión Europea; y el director general de RRHH del Servicio Madrileño de Salud, Armando Resino.

A la izquierda, José Luis Trillo, director general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad Valenciana junto a Hipólito González y Fabian Cuntze, de Roche. En la imagen del lado derecho, Alejandro García, del departamento de Marketing de Gestión de Clientes de Roche Farma; y Alfonso Villarejo, RBL de la misma compañía.

Jon Iñaki Betolaza, director general de Farmacia del Gobierno vasco; José María Pino, presidente de Sanitaria 2000; y José Luis Trillo, director general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad Valenciana.

El camino a la eficiencia pasa por la especialización
“No queremos que lo sea todo el que pueda, sino el que deba”. Las palabras de la subdirectora adjunta de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Fondo de Cohesión resumen a la perfección la conclusión que los expertos participantes en el III Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria han sacado en la mesa de análisis centrada en la reorganización de los servicios hospitalarios.

Maravillas Izquierdo, subdirectora adjunta de Cartera Básica de Servicios del SNS y Fondos de Cohesión; Francesc Brosa, subdirector del CatSalut; Carlos Macaya, presidente de Facme; y Antonio Villacampa, director general de Planificación y Aseguramiento del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.


La organización de la alta especialización ha sido el eje sobre el que han girado las ponencias, de cuya introducción se ha encargado el presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme), CarlosMacaya. En ella ha querido transmitir el sentir de los profesionales, cuya propuesta consistente en una “replanificación” que derive en una mayor concentración de la actividad. “La situación actual es el resultado de una burbuja asistencial que ha dispersado la atención compleja y que la crisis se ha encargado de acentuar”, ha añadido.

Maravillas Izquierdo.

Carlos Macaya.


El de la reorganización de los servicios sanitarios no es un debate nuevo, aunque lo cierto es que apenas se han dado pasos reales hacia su abordaje. Sobre este aspecto se ha pronunciado el director general de Planificación y Aseguramiento del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Antonio Villacampa, para quien “la crisis nos ha obligado a hacer cosas que deberíamos haber afrontado antes para poder hacerlas con tranquilidad”. Villacampa, que se ha mostrado partidario de establecer unidades de gestión clínica de cara a la optimización del servicio en términos no solo económicos sino también de calidad, ha incidido también en la necesidad de la planificación: “Los recortes no servirán para nada si a medio plazo no alcanzamos el objetivo de la solvencia”.

El subdirector del CatSalut, Francesc Brosa, ha mostrado su rechazo a la dispersión de la alta especialización. “Atomizar los servicios va en contra de garantizar la calidad del servicio”, ha incidido a la vez que ha abogado por modificar la concepción social respecto a la equidad: “Debería verse como el derecho de todos los ciudadanos a recibir tratamientos de alta calidad en vez de en términos de facilidad geográfica para el acceso”.

Francesc Brosa.

Antonio Villacampa.


Izquierdo, que se ha encargado de cerrar las intervenciones ha establecido la “efectividad” como el objetivo marcado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, entendiendo ésta como el equilibrio entre la calidad asistencial y la sostenibilidad. “Debemos acometer reformas estructurales” ha afirmado destacando, a su vez, que la concentración favorece de forma muy importante la incorporación de tecnología. Para ello, Izquierdo se ha remitido a las recomendaciones gubernamentales en este sentido, consistentes en la definición de la actividad mínima y concentración de una actividad compleja definida por estándares de calidad.

El Ministerio como coordinador

La mesa ha finalizado con dos votaciones en las que los presentes han mostrado su parecer respecto al abordaje de la reordenación de los servicios hospitalarios, que en ambos casos se han resuelto con amplias mayorías. Así, el 63 por ciento de los presentes ha considerado que debe ser el Ministerio quien se encargue de definir e introducir los estándares de calidad, mientras que el 62 ha abogado por cerrar aquellos servicios o unidades que no alcancen un parámetro mínimo de eficiencia.
La ausencia de consenso contribuye a la judicialización
El ejemplo del proceso de externalización de los seis hospitales de la Comunidad de Madrid, que acumuló más de 14 causas en su contra en los tribunales, entre partidos políticos, sindicatos y asociaciones, ha planteado la duda  alrededor  del debate jurídico y sobre si los jueces pueden llegar a imponer las maneras de gestionar. Sobre este asunto han debatido José Manuel Freire, exconsejero de Sanidad y Consumo del País Vasco, y Luis Rosado, exconsejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, en una mesa que ha estado moderada por Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

José Manuel Freire, exconsejero de Sanidad y Consumo del País Vasco; Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; y Luis Rosado, exconsejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.


Los participantes han coincidido a la hora de señalar que “la imagen que transmiten los tribunales cuando se contradicen en sus decisiones no es la mejor en un país como España, que no brilla por la celeridad de su justicia”. Esta judicialización de la sanidad pone de manifiesto “la incapacidad de la clase política para alcanzar acuerdos a largo plazo que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario”, ha comentado Ricardo De Lorenzo.

Freire y Rosado ofrecen su punto de vista.

Por su parte, Luis Rosado ha explicado que “un juez no impone, pero si mediatiza  una manera de gestionar, al admitir a trámite las disconformidades respecto a la ley”. Según Rosado, “para evitar este tipo de situaciones habría que apelar al consenso y la colaboración de todos, pero es difícil”.

José Manuel Freire ha comentado que “la sanidad está judicializada, pero la justicia está politizada”. “Los jueces cuando toman decisiones aplican la legalidad, pero no pueden imponer nada. Sin embargo, en la medida que afecta a los diferentes agentes políticos hacen lo posible para que se incline la balanza”, ha incidido Freire.  El exconsejero de Sanidad y Consumo del País Vasco ha subrayado que el consenso solo sería posible en una política sanitaria “basada en la evidencia y en la transparencia, cosa que en Madrid no ha ocurrido por la falta de informes que permitieran hacer un análisis pormenorizado”.

Resino: “La sanidad va más deprisa que nuestras políticas”
El de los modelos de contratación es uno de los debates más candentes dentro del ámbito de la gestión de las administraciones sanitarias. El tema ha sido tratado en profundidad en el III Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria, celebrado La Granja de San Ildefonso (Segovia) bajo la organización de Sanitaria 2000, y donde representantes de diferentes autonomías han puesto de manifiesto la necesidad de dar “flexibilidad” a la normativa para permitir la aplicación de políticas efectivas.

De izquierda a derecha: Arturo Domínguez, subdirector de Ordenación y Organización del Servicio Andaluz de Salud; César Santos, secretario general del Servicio Extremeño de Salud (SES); María del Carmen Aguirre, directora general de RRHH del Servicio Canario de Salud; Esperanza Vázquez, directora general de RRHH de la Gerencia Regional de la Junta de Castilla y León; Armando Resino, director de RRHH del Servicio Madrileño de Salud; Fernando Lamata, miembro del panel de expertos en salud de la Comisión Europea; Javier Lázaro, director de RRHH de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana; Miguel Moreno, director general de RRHH del Sescam; Miquel Costa, director de RRHH y Relaciones Laborales del IB Salut; y Milagros Estrada, subdirectora de RRHH y Coordinación Administrativa del Servicio Cántabro de Salud.


Uno de los elementos más tratados es el del régimen de contratación, y más concretamente la conveniencia entre que los trabajadores sanitarios sean estatutarios o laborales. A ese respecto se ha referido el director general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, Armando Resino, asegurando que “no sé cuál de ellos es mejor”. “El problema reside en saber si el sistema nos vale”, ha añadido incidiendo en que “las normas actuales no sirven para dar eficacia al Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

Los representantes autonómicos en materia de Recursos Humanos han coincido a la hora de señalar no tanto a un cambio de régimen como a modificación del estatuto marco que actúa como mecanismo regulador. “No se trata de elegir un régimen, sino de flexibilizar las normas”, ha recordado la directora general de RRRHH de Castilla y León, Esperanza Vázquez, que ha abogado por pasar de un sistema vertical a uno nuevo de carácter horizontal. Resino también se ha manifestado a este respecto pidiendo una norma “única, clara y flexible”. “El estatuto marco es inviable de aplicarse en una situación como la actual”, ha declarado asegurando que “la sanidad va mucho más deprisa que nuestras políticas porque no tenemos la posibilidad de hacer gestión de los RRHH”.

La petición de modificar el estatuto marco se ha convertido en prácticamente unánime entre los participantes de la mesa. Entre ellos, uno de los que más ha enfatizado en su necesidad ha sido el representante del IB-Salut, Miquel Costa, que ha considerado como “un problema serio” la falta de homogeneidad de criterio en las autonomías. “La normativa no vale, porque cada uno hemos podido hacer una interpretación diferente de la misma”, ha aseverado a la vez que pedía una directriz única.

Otro de los aspectos tratados ha sido el de la incentivación de los profesionales, estrategia adoptada por varias comunidades y que también se ha convertido en foco de discrepancia, diferenciando entre aquellos que abogan por recompensar a aquellos que realizan un mejor desempeño de sus funciones y quienes consideran que no se debe incentivar por cumplir con su obligación. En ese sentido el secretario general del Servicio Extremeño de Salud (SES) César Santos, ha afirmado que “no se puede valorar al que aporta valor y al que no”, reclamando el fin de los modelos retributivos estáticos. En una línea parecida se ha mostrado el director de RRHH del Sescam, Miguel Moreno, que ha pedido “políticas que motiven a los profesionales”.
La industria pide “más transparencia” en el proceso de fijación del precio de los fármacos
La política farmacéutica no ha pasado inadvertida en el III Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria celebrado en La Granja de San Ildefonso bajo la organización de Sanitaria 2000. En la mesa moderada por el director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, Agustín Rivero, representantes de administraciones autonómicas e industria han mostrado su postura en torno a las iniciativas de colaboración o el proceso de fijación de precios.

José Luis Trillo, director general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad Valenciana; Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia.


Uno de los puntos de mayor actualidad dentro del sector farmacéutico es el nuevo proceso de fijación de precios y posicionamiento terapéutico. En este sentido, y teniendo en cuenta el ‘quorum’ respecto a sus buenas intenciones, la postura de la industria difiere de las autonomías. Muestra de ello ha dado María Rosario Vivancos, directora de Gestión de Clientes de Roche España, que ha calificado el proceso como “complejo, muy lento y poco transparente”. “Tenemos mucho por mejorar para dejar de estar a la cola de Europa en acceso a la innovación”, ha agregado señalando que la duración media de dicho proceso es de casi 500 días, uno de los peores datos dentro del ámbito europeo. La transparencia, precisamente, ha sido el aspecto que más ha destacado el director general de Farmacia del País Vasco, Iñaki Betolaza, aunque en este caso en clave positiva, mientras que su homólogo en la Comunidad Valenciana, José Luis Trillo, ha abogado por la incorporación de los estudios-coste efectividad e impacto presupuestario.

En tiempos como los actuales, en los que todo se mide en términos de sostenibilidad, el debate en torno a la optimización está a la orden del día. En ese sentido Vivancos ha defendido un cambio de tendencia. “Todo el foco está puesto en ver cómo se reduce el gasto farmacéutico cuando el esfuerzo debería orientarse a medir el resultado en salud de los fármacos y actuar en consecuencia”, ha afirmado Vivancos antes de defender la propuesta de Roche en este campo, basada en fijar precios no por vial, sino por valor: “Un fármaco puede tener un valor distinto para una indicación o para otra, dependiendo de muchos aspectos”.

María Rosario Vivancos.

Iñaki Betolaza.


La necesidad de resultados en salud es compartida por las administraciones, que lo ven como una vía hacia la racionalización de la inversión. “Evidenciar resultados es imprescindible”, ha detallado Trillo en una postura similar a la de Betolaza, que ha pedido una “evaluación continua” que determine los “límites de financiación” que permitan la sostenibilidad. “Es necesario buscar y seguir la senda de la estabilidad”, ha añadido.

La consenso entre las partes ha resultado total en cuanto a la necesidad de establecer un marco colaborativo entre industria y administración, un campo en el que Roche ya está trabajando a través del establecimiento de acuerdos de riesgo compartido. “Queremos pasar de una relación cliente-proveedor a otra de socios”, ha explicado Vivancos destacando que “juntos podemos avanzar en modelos que garanticen sostenibilidad y acceso a la investigación, fomentando la investigación y midiendo los resultados en salud”. Discurso similar ha utilizado Betolaza, que ha incidido en la necesidad de pasar de un “diálogo competitivo” a otro “colaborativo”. “Resulta necesaria y fundamental, entre otras cosas porque los pacientes las demandan”, ha agregado.

La mesa ha finalizado con dos votaciones en las que ha quedado patente la apuesta del sector por la introducción de cambios en política sanitaria destinados al aumento de la coste-eficiencia. Así, el 93 por ciento de los presentes ha abogado por la aplicación de acuerdos de riesgo compartidos entre industria y comunidades autónomas mientras que el 81 por ciento ha considerado útil establecer un impacto económico máximo en la introducción de innovadores en las CCAA.