Y que la resolución de expedientes tarda 19 meses, cuando debería ser en tres



29 ene. 2012 13:05H
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Redacción. Las Palmas
El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento autonómico, Román Rodríguez, aseguró que el desarrollo de la Ley de Dependencia en el archipiélago es "un fracaso" por la ineficacia del Gobierno regional y de la Consejería de Políticas Sociales.

Román Rodríguez.

En un comunicado, el nacionalista criticó las "cortinas de humo que constante extiende la consejera, Inés Rojas, ante los datos que evidencian que el archipiélago está a la cola del Estado en la aplicación de esta Ley".

Rodríguez recordó la nota que el VIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia da a Canarias, un 0,5 sobre 10 puntos, en el extremo contrario a comunidades como el País Vasco o Castilla La Manca, que han obtenido 10 de 10. "Estos datos concuerdan con los del Sistema de Autonomía y Atención para la Dependencia (SAAD) del Imserso, que sitúa a Canarias en el último lugar en cuanto a solicitudes, (1,78 por ciento frente al 3,42 por ciento de la media estatal); dictámenes (1,45 por ciento en las Islas por una media del 3,19 por ciento estatal); y beneficiarios (0,52 por ciento en Canarias frente a una media del 1,59 por ciento)", dijo.

Para el también presidente de NC, "lo peor de esta situación de vagón de cola es trasladar los datos a personas, porque lo que vienen a poner en evidencia es que hay 19.381 dependientes que, teniendo reconocido el derecho a recibir una prestación, están esperando por ella". Asimismo, Rodríguez subrayó el fracaso del desarrollo de la ley en Canarias remitiéndose a los datos aportados por la propia Consejería de Bienestar Social en respuesta a una pregunta presentada por Nueva Canarias: el tiempo promedio entre la fecha de solicitud de una prestación y la resolución al beneficiario es de 570 días, 19 meses, cuando lo establecido legalmente es que se resuelva en 90 días.

El diputado de Nueva Canarias señala además que "este evidente retraso provoca que el archipiélago pierda recursos del Estado para la aplicación de la ley". En 2011 la suma ascendió a 1.618.382 euros, un -18,4 por ciento respecto a 2010, puesto que el Ministerio de Sanidad premia a las comunidades que aplican correctamente la ley y pena a las negligentes. "El Gobierno autonómico y la consejera deben reconocer el problema que tiene Canarias en el desarrollo de la Ley de Dependencia, porque negarlo sólo sirve para que se enquiste y no se puedan dar soluciones", concluyó.

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