10 dic 2018 | Actualizado: 09:10
jue 29 septiembre 2011. 16.11H

Redacción. Pamplona
El Gobierno de Navarra ha aprobado un decreto foral que regula el uso de las sujeciones físicas, como cinturones, chalecos, sábanas fantasma o barandillas, y tratamientos farmacológicos en los centros residenciales y de día destinados a personas con alguna discapacidad física y psíquica, y la tercera edad.

Yolanda Barcina, presidenta de Navarra.

La norma, que desarrolla el artículo octavo de la Ley Foral 15/2006 de Servicios Sociales, tiene por objeto eliminar, al máximo, este tipo de sujeciones, ya que su uso excesivo puede provocar depresión, ansiedad, desorientación, incontinencia o llagas entre los destinatarios, además de vulnerar derechos fundamentales y principios constitucionales, como el derecho a la libertad física, a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, y al libre desarrollo de la personalidad, según ha informado el Gobierno.

Para ello, establece unas pautas de actuación homogéneas para todos los centros. Como novedad, el decreto obliga a los profesionales a informar a los usuarios "de forma clara y sencilla" sobre las ventajas e inconvenientes de las sujeciones con anterioridad a su aplicación.

El texto establece, además, que los destinatarios podrán rechazar estas medidas físicas y farmacológicas "sin temor al abandono del cuidado debido", dentro de los límites establecidos en la Ley Foral 17/2010 de derechos y deberes en materia de salud.

En todo caso, se requiere el consentimiento del interesado o su representante legal. Además, como novedad, cada tipo de sujeción deberá contar con "un consentimiento informado por separado", no siendo válida una única aprobación para entender que se aceptan y consienten distintos tipos de sujeción.

La aplicación de estas medidas se deberá adoptar en última instancia y con prescripción facultativa, salvo excepciones de fuerza mayor "para evitar daños graves, de forma inminente, a la propia persona o a terceros, en circunstancias de extraordinaria necesidad o urgencia", en cuyo caso se deberá avisar al médico "en la medida de lo posible, de forma inmediata". Con ello, se quiere impedir la imposición de sujeciones por disciplina o conveniencia.

Además, una vez aplicadas, el decreto obliga a hacer un seguimiento para evitar, en lo posible, un uso de por vida. Así, los centros deberán elaborar un plan de atención individualizado, en el que deberán especificar las pautas de control del usuario y de la sujeción, las características de la persona, el objetivo perseguido, el plazo estimado para lograrlo y los efectos previsibles y evitables. Y, además, deberán llevar a cabo un seguimiento para retirar las medidas en caso de que se solucione el problema que las originó.

En cualquier caso, el decreto establece unas garantías en el uso de sujeciones: que la persona tenga todas las necesidades básicas cubiertas y que reciba cuidados que prevengan o minimicen sus efectos negativos; que no sea aislada o marginada como consecuencia de la aplicación de estas medidas; que estas sean eliminadas en el plazo de tiempo más corto posible; que previamente se hayan intentado otras alternativas; y que, en caso de necesidad, se utilicen las menos restrictivas.

El objetivo final de todas estas medidas es garantizar a los usuarios un trato digno que garantice, al máximo, su libertad y autonomía, ha añadido el Ejecutivo. Los centros residenciales y de día tienen un año, a partir de la entrada de la norma, para adecuar los servicios sociales a los preceptos contenidos en ella.