Los servicios de salud autonómicos no tienen capacidad ni presupuestos propios para poner en marcha esta herramienta en sus sistemas, denuncia el Foro de Atención Primaria



21 mar. 2016 18:10H
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Cristina Alcalá / Redacción. Madrid
El Ministerio de Empleo, a través del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), ha concedido una moratoria hasta el 2020, a las comunidades autónomas para evaluar los convenios de incapacidades temporales (IT) de larga duración. Estos acuerdos ya fueron suscritos entre ambos organismos desde 2013 a 2016, y una vez agotado el plazo, se han ampliado ahora cuatro años más.

Fátima Báñez, ministra de Empleo en funciones.

Esta moratoria aplaza la coordinación específica entre el INSS y las comunidades, según estable la Ley General de la Seguridad Social, donde se señala que el Gobierno ejerce en exclusiva la competencia para determinar si un trabajador, pasado un año de la incapacidad temporal, debe permanecer en dicha situación; así como incoar un expediente de incapacidad permanente o darle de alta.

Asimismo, el real decreto que regula las mutuas de accidentes de trabajo, aprobado en septiembre de 2015, contempla implantar e igualar la herramienta que evalúa las bajas médicos en los diferentes servicios de salud autonómicos, una integración también prevista en esta moratoria de Empleo. Se trata de una aplicación por la cual se puede recibir por vía telemática los partes médicos (de baja, de confirmación de la baja y de alta) de todos los procesos de incapacidad temporal generados en España.

Solo 3 de las 17 autonomías lo han puesto en marcha

Sin embargo, no parece haber encontrado el consenso con las autonomías, ya que prácticamente ninguna de ellas se ha adherido aún a esta aplicación. Solo Galicia y Cataluña han actualizado el nuevo modelo de IT del Gobierno, y en 2016, Navarra. País Vasco y Castilla-La Mancha anunciaron adherirse al nuevo sistema de incapacidades temporales en marzo, un anuncio que finalmente no se ha producido, según explica Francisco José Sáez, coordinador del grupo de IT del Foro de Médicos de Atención Primaria y miembro de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) a Redacción Médica. En el resto de autonomías la situación está paralizada, lo que puede conllevar de multas por parte del departamento que dirige Fátima Báñez ante incumplimiento de contrato.

Una situación que los médicos critican de lleno, ya que consideran que Empleo aprobó el nuevo real decreto de IT "en solitario y sin contar con la opinión del sector sanitario", denuncia Sáez. "El presupuesto para esta materia en algunas comunidades no es finalista, lo que les imposibilita asumir la ley de mutuas a la gran mayoría de ellas", explica Sáez. De hecho, 14 de las 17 no tienen actualizados sus sistemas informáticos para las bajas médicas por falta de presupuesto económico para esta partida.

Por eso, desde este foro se reclama la "inmediata paralización de la normativa" y se apruebe "una moratoria oficial" -aunque sin especificar de cuánto tiempo- para reevaluar la ley de mutuas y establecer mecanismos adicionales que permitan a los servicios de salud autonómicos a hacer frente a esta situación.

Transferencia a las CCAA de 300 millones

Por su parte, el Ministerio de Empleo parece que no tiene ningún tipo de interés de echar para atrás este real decreto. Y ejemplo de sus intenciones es el reciente anuncio hecho por este departamento en el que indica que la Seguridad Social dispone de este año de 315 millones de euros para transferir a las comunidades -excepto País Vasco y Navarra- con el fin de que mejoren y modernicen el control de las bajas laborales.

Esta transferencia tiene carácter anual, y de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE),  también finalista. Una vez finalizado el ejercicio correspondiente, y tras evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan anual de actuaciones y mejora de la gestión de la IT, se efectúa la liquidación.

Además de eso, este convenio permite al INSS tener un mayor conocimiento de los procesos de IT iniciados en España; que los partes médicos sean transmitidos por los servicios públicos de salud con calidad; y coordinar mejor con la Tesorería General de la Seguridad Social un nuevo sistema de liquidación directa de cuotas.

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