María Márquez. Madrid
El pasado miércoles, la patronal farmacéutica Farmaindustria hacía pública su petición al Gobierno de recurrir la subasta de fármacos implantada por Andalucía al considerar que “vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado”. Pero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, parece que se quiere tomar las cosas con más calma y fuentes de su equipo anuncian que su intención es la de “agotar la vía de diálogo”, en consonancia con el debate y la cordialidad que Mato ha querido implantar desde su llegada al Paseo del Prado.
Imagen de la reunión entre la ministra Ana Mato y las consejeras de Salud, e Igualdad y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero y Micaela Navarro, celebrada el pasado 27 de enero. Les acompañan la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, y el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno.
|
Pérez Castellanos no hará valoraciones por el momento
Esta prudencia ministerial no significa que los servicios jurídicos estatales no se hayan puesto ya a estudiar la supuesta “inconstitucionalidad” a la que alude Farmaindustria. Por el momento, no habrá valoraciones ni pronunciamientos de la directora de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, Sagrario Pérez Castellanos, con el fin de conocer la opinión jurídica. Y en cualquier caso, fuentes del Ministerio apelan a “evitar la confrontación” con la autonomía andaluza, poco conveniente por otro lado con el propósito de Mato y teniendo en cuenta la proximidad del Consejo Interterritorial.
Montero prevé ahorrar 200 millones de euros
El pasado día 1 de febrero, Andalucía publicaba en su boletín oficial las condiciones que regirán esta primera convocatoria de subasta de medicamentos, para la que se han elegido tres de los subgrupos terapéuticos que más se consumen: protectores gástricos, estatinas e inhibidores de la agregación plaquetaria. Esta resolución se deriva de la aplicación del Decreto-Ley 3/2011 de medidas urgentes sobre prestación farmacéutica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Con esta norma, la Junta prevé un ahorro anual de hasta 200 millones de euros.
|
(1).gif)
Andalucía 
Cataluña 
Madrid 
C. Valenciana 
Galicia 
Castilla y León 
País Vasco 
Canarias 
C-La Mancha 
Murcia 
Aragón 
Extremadura 
Asturias 
Baleares 
Navarra 
Cantabria 
La Rioja 
|