Los médicos de Familia denuncian cinco años de retraso en la implantación de la receta electrónica

Javier Leo.
La Sociedad Murciana de Medicina de Familia y Comunitaria (Smumfyc) ha denunciado la “pasividad” de la Consejería de Sanidad y Política Social ante la implantación de la receta electrónica, “una medida anunciada hace cinco años y con la que ni siquiera se ha hecho un pilotaje serio”, según ha explicado a Redacción Médica el presidente de la sociedad, Juan de Dios González.

Juan de Dios González.

“La única esperanza que nos queda es la norma estatal que obliga a que la receta electrónica esté implantada en toda España el 1 de enero de 2013, aunque vemos muy difícil que en Murcia se haga en seis meses lo que no se ha hecho en cinco años”, argumenta González. En su opinión, la implantación de la receta electrónica “facilitaría la implantación del nuevo copago, permitiendo saber de forma automática cuánto paga cada ciudadano y facilitando las devoluciones”.

“No es normal que en Andalucía lleve 15 años funcionando y aquí en Murcia no sepamos nada todavía”, comenta el presidente de Smumfyc, quien ha destacado la “confusión generalizada” entre los pacientes con el nuevo sistema de pago de fármacos según la renta. En este sentido, también se ha mostrado muy crítico con que las devoluciones se realicen en un plazo máximo de seis meses “como si fuera una paga extra”. “Debería devolverse al momento, porque hay muchas personas que no pueden permitirse un gasto de 30 o 40 euros al mes en medicamentos cuando cobran 500 o 600 euros mensuales de pensión”, señala.

Desfinanciación de fármacos

Por otra parte, desde Smumfyc consideran que la retirada de financiación pública de algunos medicamentos puede favorecer que los pacientes comiencen a utilizar, por motivos económicos o por falta de información, fármacos o remedios alternativos que pudieran ser más perjudiciales que los disponibles actualmente. En los casos en los que existe alternativa, el presidente de Smumfyc expone que puede desplazarse la prescripción en la consulta hacia medicamentos que sí están financiados y que, por lo general, suelen ser más caros que los que se pretende desfinanciar.