18 nov 2018 | Actualizado: 17:25

Lasquetty insiste en que su plan de sostenibilidad tiene que ser ejecutado

Trabajadores y usuarios de la sanidad pública celebran durante esta mañana la llamada 'Marea Blanca' nacional en defensa de la sanidad pública

Sábado, 16 de febrero de 2013, a las 17:20

Redacción. Madrid
Trabajadores y usuarios de la sanidad pública han celebrado la llamada 'Marea Blanca' nacional en defensa de la sanidad pública. Mientras, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty ha reiterado su convicción sobre la aplicación del Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público. “Va a ser y tiene que ser” ejecutado al completo, ha declarado en una entrevista concedida a la agencia EFE.

La movilización, La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública compuesta por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad (Satse, CCOO, Amyts, CSIT-UP, UGT, USAE), y la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (PATU-Salud), la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), así como diversas plataformas ciudadanas por lo público.que adquiere carácter nacional es una de las medidas de "unidad de acción" que se acordaron en la constitución de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública.

Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El consejero ha defendido nuevamente su proyecto político para la sanidad madrileña en la víspera de una nueva tanda de manifestaciones contrarias, que se celebran en Madrid y en otras quince ciudades españolas: Barcelona, Málaga, Murcia, Segovia, Toledo, Valencia, Zaragoza y Tolosa (Guipúzcoa).

El plan de sostenibilidad ya ha arrojado los primeros ahorros, según los primeros datos del mes de enero, que están analizando los gerentes de los centros. “Se está viendo un ahorro muy claro en los hospitales, además de en el gasto de farmacia y en la atención primaria”, ha dicho Fernández-Lasquetty. Esto se ha logrado gracias a medidas establecidas en el plan como las compras centralizadas y la eliminación de las peonadas, que ya están en marcha.

El consejero también se ha referido a otras iniciativas que han generado polémica, como la privatización de la gestión de seis hospitales, que será efectiva en verano, y de 27 centros de salud, que se realizará más tarde. En esta última cuestión, reconoce, es donde más dificultades ha encontrado la Consejería para llegar a acuerdos con sindicatos y organizaciones profesionales, pero insiste en que no renuncia a llegar a espacios de encuentro. "Yo entiendo a los que convocan las protestas, es muy fácil convocarlas, y además muy legítimo, no lo discuto en absoluto. Pero también digo una cosa: ¿Qué es lo que quieren que hagamos?", insiste el consejero, que se queja de que se han lanzado "bulos" y críticas que no se ajustan a la realidad por parte de sindicatos, organizaciones y partidos para descalificar el plan.

Por ejemplo,  ha asegurado que es falso que en algún momento se haya puesto sobre la mesa que la Consejería vaya a externalizar un solo hospital, en lugar de seis.

También afea a los que acusan a la Comunidad de derivar operaciones y pruebas a centros concertados: "En otras comunidades se utiliza mucho más que en Madrid la derivación a centros concertados y además en comunidades de todos los signos políticos". Pone el ejemplo de Andalucía, gobernada por el PSOE y donde "hay una buena parte de la sanidad pública" que se presta "a través de empresa privadas"; y cifra en un 9 por ciento el porcentaje de pruebas diagnósticas que el sistema público concierta, un dato que se reduce en el caso de las intervenciones quirúrgicas, que sitúa "en torno al 5 y el 6 por cien".

Sobre unas de las medidas del plan que fue suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional, la tasa de un euro por receta, dice que se tomó dentro de las competencias de la Comunidad y reconoce que tras la suspensión de esta misma medida en Cataluña, quince días antes que en Madrid, se incrementó el número de insumisos a su pago.