El Ministerio baraja que sean los profesionales que valoran la dependencia los que decidan el tipo de prestación

Enrique Pita / Agencias. Madrid
El Gobierno ha decidido dar un paso adelante y llevar a cabo una serie de cambios en la Ley de Dependencia para, sostienen fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mejorar su eficacia y asegurar la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Entre estos factores, una de las claves es mejorar el sistema de valoración de los distintos grados y niveles de dependencia, así como el carácter de la prestación que se ofrece. En este sentido, según ha podido saber Redacción Médica, el Ministerio baraja que sea el propio profesional que realiza la valoración el que decida qué prestación recibe el dependiente, tratando de evitar así una mayor extensión de los cuidados no profesionales en el ámbito familiar, un aspecto que la Ley consideraba como excepcional y que sin embargo ha alcanzado un volumen excesivo.

Ana Mato.

En este sentido, el IX Dictamen del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2012 que impulsa la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señala que el 56,4 por ciento de las prestaciones que se ofrecen en España son económicas. En este punto, el 82,6 por ciento de las prestaciones que ofrece Murcia son de este tipo, frente a las 25,3 de la Comunidad de Madrid.

Mejorar el sistema de valoración y simplificar la gestión ha sido, desde el primer momento, uno de los argumentos más empleados por el Ministerio a la hora de defender las mejoras o reformas que pretendía incluir en la Ley. En este sentido, fuentes consultadas por Redacción Médica señalan que “a veces los propios profesionales no tienen suficientes datos en el proceso de valoración para diferenciar entre un nivel y otro”. Además, señalan, se ha observado que “la atención que se presta en los diferentes niveles era prácticamente la misma”. Por tanto, ha habido “un entramado muy complejo en la valoración” que ha consumido recursos, más de los que debería, y desde el Gobierno se entiende “que se puede hacer mejor y se puede simplificar” el proceso, beneficiando a los usuarios del sistema, los dependientes.

El Consejo Territorial de la Dependencia celebrado el pasado mes de abril acordó que en junio debía estar terminado un estudio que evaluara la aplicación de la norma. Es precisamente en estos estudios en los que se apoya el proceso de debate con las autonomías que ha iniciado el Ministerio y que debería finalizar en el próximo Consejo Territorial que se celebrará a comienzos de julio, según fuentes del Ministerio. A partir de ese momento, la idea sobre la que trabaja Sanidad es que los cambios sean aprobados por el Consejo de Ministros antes del mes de agosto, previsiblemente en la segunda quincena de julio.

“Priorizar la atención a los más dependientes”

Los cambios que prevé el Ministerio pasan, más allá de los que afectan a simplificar el proceso de valoración, por tomar medidas que aseguren la sostenibilidad del sistema. En este sentido, una de las claves es priorizar la atención a los más dependientes. “Un 30 por ciento de las personas con el derecho reconocido a recibir la prestación no la están recibiendo”, han explicado a Redacción Médica fuentes del SAAD, que señalan que se ha observado que “estaban entrando en el sistema dependientes moderados antes que grandes dependientes”. Es precisamente este extremo el que explica la decisión del Gobierno de retrasar la incorporación de dependientes moderados al sistema, primero hasta 2013 y después a 2014.

Prestaciones económicas. Fuente: IX Dictamen del Observatorio de la Depedencia.

Por otra parte, las medidas que se quieren tomar irán en la dirección de “primar” a aquellas autonomías que mejor han puesto en marcha la Ley, es decir, aquellas que han priorizado la prestación de servicios profesionales por encima de los cuidados familiares. “Entendemos que esto no se puede hacer de golpe, sino que debe hacerse con tiempo, pero creemos que la financiación del Estado debe primar a aquellas autonomías que den más servicios y atención profesional a los dependientes por encima de aquellas otras que han apostado más por los cuidados familiares”. Además, en el aspecto económico, se está negociando igualar la aportación del usuario, es decir, el copago. “Es necesario” que la aportación se mida igual en todo el territorio nacional, si bien debe tener en cuenta los distintos niveles de renta de cada beneficiario, “porque si se valora la dependencia con el mismo baremo y se cuenta con una misma cartera de servicios” parece “lógico” que la aportación del usuario sea igual en una autonomía que en otra.