Redacción Médica
17 de julio de 2018 | Actualizado: Lunes a las 20:10
Martes, 26 de marzo de 2013, a las 17:01

Artur Mas, presidente de la Generalitat, y Boi Ruiz, consejero de Salud.

Redacción. Barcelona
Ante las dificultades de tesorería de la Generalitat y los consecuentes retrasos en los pagos a las entidades proveedoras de los sectores de salud y de atención a la dependencia que éstas provocan, las patronales Consorcio de Salud y Social de Cataluña, Unión Catalana de Hospitales (la Unió), Consejo de Colegio de Farmacéuticos de Cataluña, Fenin Cataluña, Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES) y ACRA han firmado y hecho público un manifiesto por el que reclaman que se prioricen los limitados recursos con los que cuenta la región en financiar los servicios de sanidad y dependencia, dado que”constituyen un pilar fundamental para el estado del bienestar y la cohesión social”, indican en el texto.

En el manifiesto, la patronales también piden que “las políticas interdepartamentales avancen coordinadamente para alcanzar las necesarias reformas estructurales que mejoren la eficiencia del sistema garantizando la calidad, y hagan efectivos los atrasos pendientes”.

Estas organizaciones recuerdan que “durante el 2012 y 2013 el CatSalut ha dejado de hacer efectivos” a los conciertos sanitarios “840 millones de euros (equivalente al 190 por ciento de la facturación mensual)” y, a efectos de plazos, ha pasado de pagar a 90 días a hacerlo a 150.

Por su parte, el Departamento de Bienestar Social y Familia debe 280 millones de euros a las entidades sociales para la actividad correspondiente al 2012. De esta cifra, 70 millones de corresponden al impago del total de la factura del mes de julio. En cuanto a la prestación farmacéutica, la deuda de la administración con las farmacias es, en estos momentos, de 270 millones de euros (270 por ciento de la facturación mensual), lo que conlleva el tercer atraso adicional desde el 2011 respecto a la fecha de pago establecida en el concierto.

En total, estos impagos suman unos 1.390 millones de euros. El coste financiero de estos retrasos se estima en 38 millones en intereses, que se ven agravados en el caso de las entidades proveedoras de servicios de salud y sociales en más de 106 millones de costes suplementarios como consecuencia de los sucesivos incrementos de el IVA y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al IVA aplicable al material sanitario y equipamiento médico.

“Esta situación pone en grave riesgo la suficiencia financiera de las entidades y farmacias, que se encuentran al límite de disposición de sus pólizas de crédito y muchas dificultades para ampliarlas. Estas dificultades se trasladan también a las empresas proveedoras de bienes y servicios, que han visto alargados sus periodos de cobro, pasando en promedio a ser de hasta 290 días en estos momentos, poniendo en riesgo su propia continuidad y supervivencia”, aseguran las patronales en el comunicado.

Peticiones al Gobierno central

El manifiesto no está dirigido tan solo a la Generalitat catalana, sino también “al Gobierno del Estado, para que atienda la adecuada financiación de las comunidades autónomas con el fin de garantizar la correcta provisión” de los servicios, y al Parlamento de Cataluña y los partidos políticos, para “que lleguen a los necesarios acuerdos económicos y políticos para garantizar la estabilidad, la sostenibilidad y el futuro de estos sectores, preservándolos de la confrontación partidista”.