19 nov 2018 | Actualizado: 21:40

La casa del dependiente servirá para calcular lo que copaga

Esta modificación será debatida en el próximo Consejo Territorial, que se celebrará el día 10 de julio

Jueves, 05 de julio de 2012, a las 00:26

Enrique Pita. Madrid
El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) mantendrá su próxima reunión el día 10 de julio, según ha podido saber Redacción Médica. Un encuentro esperado desde hace tiempo en el que se abordarán las reformas de la Ley de Dependencia que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, viene anunciando desde hace unas semanas. Además, según un documento al que ha tenido acceso Redacción Médica, el Ministerio planteará a las autonomías una reforma del modelo de copago que incluye, como principal cambio, la inclusión de la vivienda del solicitante a la hora de calcular su nivel de renta y patrimonio, clave para establecer la cuantía de su aportación, que en ningún caso excederá el 90 por ciento del coste de referencia del servicio.

Ana Mato, en el centro, antes del Consejo Territorial del pasado mes de abril.

De acuerdo con el borrador de Real Decreto con el que trabaja el Ministerio, el mayor de 65 años que quiera acceder a una residencia pagaría en función de su renta, pero se le aplicaría una modificación al alza del 5 por ciento del valor catastral de su vivienda, siempre que no tenga personas a su cargo residiendo en dicha vivienda. En cualquier caso, la cuantía a pagar se calculará con una formula matemática que cruza la capacidad económica del usuario con el mínimo garantizado que le deberá quedar después de los pagos para gastos personales, un 19 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), pero quien no tenga recursos suficientes no deberá aportar nada.

A diferencia de la legislación actual, que no marcaba precios de referencia, el precio del servicio residencial se fijaría, siempre según el documento al que ha tenido acceso Redacción Médica, entre 1.100 y 1.600 euros mensuales, lo que podría incrementarse en el caso de las personas con discapacidad hasta en un 40 por ciento, alcanzando una horquilla que va de 1.540 euros a 2.240 euros mensuales. El ciudadano pagará en función de estos precios, y aquí aparece uno de los puntos espinosos, y es que según marca el documento, en los casos en que la aportación de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su participación en el coste del servicio, la Administración podrá compatibilizar los sistemas que tenga establecidos sobre reconocimiento de deuda. En este sentido, consultado por este periódico, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha asegurado que esta medida supone que “el ciudadano adquirirá una deuda con la Administración que cuando muera se resarcirá con su patrimonio”. Es decir, los herederos del dependiente que acabe sus días en una residencia verán como la Administración se cobra la deuda con la vivienda.

En el caso del resto de servicios del catálogo, el coste de referencia del servicio de ayuda a domicilio se fija en 14 euros por hora para los servicios de atención personal y en 9 euros para los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar. Además, establece también el coste de referencia del servicio de Centro de día y de noche, en este caso sin incluir los gastos de manutención y transporte, y lo fija en 650 euros mensuales, pero podrá incrementarse en un 25 por ciento en el caso de la atención especializada.

Otras medidas a debate

Además de esta propuesta para modificar el cálculo del copago, el Ministerio presentará en el Consejo Territorial del día 10 el informe de evaluación de la aplicación de la Ley en las autonomías que se acordó elaborar el pasado mes de abril. En virtud del análisis de este informe, el Ministerio propone una serie de reformas que van en la línea de lo ya adelantado por la ministra Ana Mato durante las últimas semanas y que deberían permitir mejorar el funcionamiento del SAAD, simplificando los trámites administrativos y priorizando la prestación de servicios por encima de las prestaciones económicas para cuidados en el ámbito familiar.

Este último punto ha sido una reclamación tradicional de los agentes implicados en la atención a personas dependientes, y, sobre el papel, puede ser una buena solución. Sin embargo, José Manuel Ramírez ha asegurado a este periódico que en su opinión esta medida es una forma de avanzar en la no sostenibilidad del sistema porque, desde su punto de vista, “es incongruente apostar por los servicios, que son más caros que las prestaciones económicas del cuidador familiar, al tiempo se recorta el presupuesto del propio sistema”.