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La OMC rechaza el chantaje a los médicos titulares y de cupo y zona que supone el RD 16/2012

Los letrados de los Colegios ven en la norma inseguridad jurídica y conflictos competenciales con las comunidades autónomas

Domingo, 13 de mayo de 2012, a las 13:37
María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
La Disposición adicional 16ª del Real Decreto 16/2012 supone la integración del personal médico funcionario en estatutario, alterando condiciones laborales de dos cuerpos médicos: el de titulares y el de cupo y zona. En caso de que el profesional rechace esta reconversión, el Gobierno dicta a la autonomía en la que trabaje a que le derive a “órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas”. Es decir, o pierden derechos sobre cotizaciones y jubilación (a la que además por edad están muy próximos) o pierden su función asistencial. Un “chantaje”, según los afectados reunidos el pasado viernes en la jornada de la OMC ‘No a la expropiación de médicos titulares’. La entidad caminará de la mano de CESM a la hora de negociar la modificación del texto normativo con el Ministerio de Sanidad.

El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, ha liderado la mesa en la que los letrados han explicado los perjuicios de la Disposición Adicional 16ª. En ella se encontraban el abogado del Colegio de Médicos de Barcelona, Ignasi Pidevall (izq); Pedro González Salinas, abogado de la OMC; Francisco Corpa, del Consejo General de Enfermería; y José María Mora, abogado del COM de Huelva (dcha).

Los letrados ven plazos irreales y un texto inconstitucional, inútil y sin garantía de ahorro

El análisis de la Disposición adicional 16ª del RD 16/2012 fue iniciado por el director de los servicios jurídicos del Consejo General de Enfermería (CGE), Francisco Corpa, quien duda fundamentalmente de dos de sus aspectos técnicos. Por un lado, la improbable conclusión de la integración de médicos titulares y de cupo y zona antes del 31 de diciembre de este año, por los procesos que aún deben poner en marcha las autonomías y que previsiblemente se alargarán en el tiempo; y por otro, ha resaltado los conflictos competenciales Estado-autonomías en el caso de que el personal funcionario no se adscriba, ya que el texto “obliga” a las CCAA a hacerlo cuando la decisión solo les compete a ellas. Además, la adscripción de estos profesionales a “órganos no sanitarios” lleva a Corpa a pensar en una “desvirtuación de las funciones profesionales”, de modo que el CGE denuncia que la norma “juega con sus derechos”.

Esta falta de seguridad jurídica ha sido también uno de los argumentos esgrimidos por el abogado del Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom), Pedro González Salinas. Teniendo en cuenta que el RD será ratificado en el Congreso y tramitado como ley, el letrado ha explicado que “lo único planteable son razones de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional decida si el RD es contrario o no la Constitución”. Uno de los mayores perjuicios que supone el texto según González Salinas, es “la lesión al derecho al cargo” ya que, como ha explicado, a titulares y médicos de cupo y zona “les da como única opción que dejes de hacer lo que hacías, la medicina asistencial”.

José María Mora, asesor jurídico del Colegio de Médicos (COM) de Huelva, ha mostrado su extrañeza ante lo dictado en la Disposición Adicional 16ª al tratarse de un colectivo “muy próximo a la jubilación” ya que la media de edad se acerca en la actualidad a los 60 años (momento en el que los titulares tienen la opción de jubilarse). Mora calcula que las reivindicaciones legales "individuales" serían respondidas en 5 años vista, lo que supondría que estos profesionales “ya estarían todos jubilados”.

Por último, Ignasi Pidevall, del COM de Barcelona, ha reflexionado sobre la necesidad que ve el Gobierno en alterar la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) “para desarrollar las áreas de capacitación específica porque el RD no es el instrumento para hacerlo”, y ha apuntado además su extrañeza porque la modificación de cuerpos médicos tenga cabida en el mencionado RD “por razones económicas de urgencia", ya que en su opinión, "no existe ningún estudio económico que lo avale”.

Pedro González Salinas, abogado del CGCOM.

Francisco Corpa, abogado del CGE.


Cronología de la negociación con el Ministerio

El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, ha dado cuenta a los profesionales que acudieron a la sede colegial del diálogo mantenido con la ministra Ana Mato desde que el BOE recogió el texto el pasado 24 de abril. El 6 de mayo, Rodríguez Sendín comunicó a la ministra que los profesionales afectados (titulares y de cupo y zona) demandaban mantener sus derechos (pensiones…) y que la integración se alargase dos años más. Al día siguiente, Mato da el ok a la propuesta de la OMC aunque su presidente ha admitido que no tiene aún la certeza de que se plasme exactamente la filosofía colegial. “No es verdad que hay ahorro. El colectivo perderá el entusiasmo para trabajar”, ha apuntado.

José María Mora, abogado del COM de Huelva.

Ignasi Pidevall, abogado del COM de Barcelona.

El presidente y secretario general de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín y Serafín Romero, han presidido la última mesa de la jornada de puertas abiertas, y a la que los portavoces parlamentarios no pudieron asistir. En su lugar, se encontraban, de izquierda a derecha: Leandro Catalán; Fernando Pérez Escamilla; el secretario general de CESM y portavoz del Foro de la Profesión Médica, Patricio Martínez; y Antonio Fernández Pro, representante nacional de médicos de las Administraciones Públicas de la OMC.