La Generalitat reduce las horas de atención a los ancianos en las residencias

Redacción. Barcelona
El Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) y las patronales de los centros residenciales de personas mayores de Cataluña han aprobado la reducción del número de horas de atención a los ancianos que llevan a cabo los psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales con el fin de “adaptar los requerimientos profesionales a la situación actual de las residencias”, en las que una media del 73 por ciento de los usuarios son grandes dependientes, ha explicado la directora del Icass, Carmela Fortuny.

Carmela Fortuny.

Según ha explicado Fortuny, el objetivo de esta medida es doble, ya que por un lado se propone adaptar la ratio de los profesionales al perfil de los atendidos y, por el otro, “garantizar a las entidades prestadoras de servicios que puedan continuar trabajando con los mismos estándares de calidad que hasta ahora”. Además, ha reconocido que se trata de dar un balón de oxígeno a las residencias, que cargan con una deuda millonaria por parte de la administración.

En cuanto a los profesionales afectados, la directora del Icass ha explicado que mantendrán su categoría profesional, y, de entrada, solo deberán ir menos horas al centro en función de las directrices de las residencias que sí mantendrán la figura del médico, gerontólogo y enfermera.

Menos horas de atención

Merced a estas medidas, un anciano dependiente de grado III dejará de recibir 47 horas de atención anuales de las especialidades citadas, mientras que uno de grado II verá reducida este seguimiento en 34 horas. “Sabemos que con estas medidas la atención no será mermada”, ha asegurado la directora del Icass, que se ha reunido con la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), La Unió, el Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), Centros Sociosanitarios Católicos, la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir) y la Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya.

Además, el acuerdo incluye un protocolo por el que la Generalitat reclamará facturas impagadas a los 600 ancianos catalanes que, pese a contar con suficientes recursos, se niegan a abonar el copago correspondiente a su situación en las residencias públicas en las que viven, a riesgo, en última instancia, de ser expulsados del geriátrico.