No contempla los más de 6.000 millones impagados a la industria farmacéutica y tecnológica durante el pasado ejercicio, que siguen creciendo en 2013



19 feb. 2013 12:53H
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Redacción. Madrid
La deuda acumulada en 2012 por la Administración con la industria farmacéutica y la de tecnología sanitaria, que sus respectivas patronales cifraron recientemente en 6.019 millones de euros, tendrá que seguir esperando, porque el nuevo pago a proveedores diseñado por el Ministerio de Hacienda no parece que vaya a pagarla, ya que los 3.000 millones que pondrá en circulación el departamento de Cristóbal Montoro van dirigidos a ayuntamientos del País Vasco, Galicia y Navarra que no se acogieron al plan; facturas pendientes de pago de universidades o mancomunidades con sus proveedores; así como deudas contraídas por los ayuntamientos por convenios de prestación de servicios realizados por organizaciones no gubernamentales o escuelas taller... que al ser convenios y no facturas se habían quedado fuera del primer plan ejecutado el año pasado por el Gobierno.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Foto: S2000.

Hay que recordar que el primer plan de pago a los proveedores, que puso en manos de pymes, autónomos y empresas más de 27.000 millones de euros el año pasado -que les debían las distintas administraciones públicas-, sirvió para poner a cero el contador de las deudas con las empresas del sector sanitario, al que más adeudaba con diferencia la Administración (casi el 70 por ciento de las facturas en muchas comunidades autónomas).

Desde el Ministerio de Hacienda dicen que uno de sus objetivos prioritarios es reducir la morosidad de la Administración, y trabaja en dar forma a un nuevo instrumento financiero para que los proveedores puedan cobrar sus deudas con las administraciones públicas, en especial con comunidades y ayuntamientos sin pasar por ellas. Se tratará de un “procedimiento ágil” con el que los proveedores podrán ir a las entidades bancarias a “redescontar” su deuda, y luego el Estado descontaría este dinero de las transferencias que hace a ayuntamientos y autonomías. No obstante el instrumento financiero para poner en marcha este procedimiento está todavía siendo estudiado por los técnicos ministeriales.

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