La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que “no se mantiene ni la tasa de reposición”



17 sept. 2012 19:08H
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Redacción. Madrid
Solo dos autonomías, Extremadura y Galicia, suman más beneficiarios de la Ley de Dependencia a 1 de septiembre que a 1 de agosto, según se extrae de los datos publicados por el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia. Con estos datos se constata el retroceso del SAAD, que por primera vez desde la puesta en marcha del sistema ha perdido beneficiarios, prestaciones y solicitudes.

De este modo, la estadística indica que el número de dependientes con prestaciones se ha reducido en un mes en 4.814 casos, los dictámenes en 7.953 y las prestaciones en 6.814. Además, hay 4.459 grandes dependientes y 2.298 graves dependientes menos que en los dictámenes del mes anterior.

“Los efectos de los recortes de julio se hacen visibles”, ha señalado a Redacción Médica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Así, denuncia que el Sistema “se destruye por inanición”. Y es que, según estos datos, no se mantiene la tasa de reposición. Es decir, al fallecer un beneficiario su prestación o servicio no se asigna a alguno de los casi 240.000 dependientes que se encuentran en la lista de espera. En este sentido, la Asociación que preside José Manuel Ramírez señala que “el único dato positivo es que la lista de espera baja en 3.252 personas, pero es un espejismo estadístico, ya que no han sido incluidos en el Sistema, sino que probablemente han fallecido sin haber llegado a ser atendidos por el SAAD”. “La noticia a partir de ahora va a ser el número de dependientes que se mueren”, concluye.

De seguir esta tendencia, señala la Asociación, “se dejaría de atender a unas 60.000 personas en un año”. Desde el punto de vista del empleo, el impacto de estos indicadores “se traduce en una pérdida de cerca de 1.000 puestos de trabajo en este mes”, lo que supondría “12.000 puestos de trabajo menos en un año”. Todo esto unido a “la reducción de un 15 por ciento de la prestación de cuidadores familiares” y al cese de la cotización en el convenio especial de la Seguridad Social por parte de los 177.348 cuidadores familiares.

 

 

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