“Hacienda aprieta con el déficit mientras Sanidad aprueba fármacos sin debatir su financiación”

Leire Sopuerta / Imagen: Miguel Fernández de Vega. Valladolid
Antonio María Sáez Aguado repite al frente de la Sanidad de Castilla y León una legislatura más, lo que le permite lo que tanto ansían muchos de sus compañeros, poder dar continuidad, e incluso, desarrollar plenamente, sus políticas sanitarias. En una entrevista para Redacción Médica cuenta sus nuevos retos para estos cuatro años y demuestra que, por encima de su pertenencia a un partido político, está su compromiso con la sanidad.

Sáez Aguado, en su despacho de la Consejería.

¿Cómo valora los primeros meses de legislatura?

Han sido meses de reformulación de un proyecto que, esencialmente se mantiene, pero introduce aspectos nuevos relacionados, fundamentalmente, con el papel de los profesionales, con la manera de relacionarnos con los ciudadanos, y si la recuperación económica se confirma, con la reparación de algunos derechos perdidos. En definitiva, estamos bien orientados y vamos por el buen camino.

¿Cómo es la situación de la sanidad regional?

En términos de resultados y organización, es buena. Tal vez lo que ocurre es que vivimos tiempos políticos y sociales extraños, en los que el nivel de exigencia de los ciudadanos ha tenido una transformación muy rápida. Hoy se nos demandan acciones muy rápidas, cercanas, accesibles y de mucha intensidad…

Los ciudadanos son exigentes, pero también los profesionales, ¿qué le reclaman?

Las principales demandas derivan de las medidas que hemos adoptado en unos momentos difíciles. Mantengo el argumento de que en la sanidad pública de Castilla y León no se han producido pasos atrás, seguimos manteniendo todos los centros de salud, hospitales y prestaciones, e incluso, algunas de ellas se han incrementado. Pero los profesionales sí se han visto perjudicados directamente con la reducción de sueldos, la congelación de retribuciones, la eliminación de la paga extra, la disminución de días de libre disposición. Y esa es una de las reclamaciones de los profesionales y sindicatos: recuperar lo que se ha perdido.

Algunas cosas ya se están haciendo. Por primera vez las retribuciones se han incrementado, la paga extra se ha recuperado casi en su totalidad, hay más días de libre disposición y se ha reactivado la convocatoria de concursos. Los profesionales merecen esta recuperación porque, durante estos años, la sanidad se ha sostenido, en gran parte, gracias a ellos.

Entre sus objetivos de legislatura están los cambios organizativos en el sistema sanitario, ¿puede explicar en qué consisten y en qué proceso se encuentran?

Siempre he pensado que la sanidad, además de una organización pública, es una organización profesional porque basa su desarrollo en el conocimiento. Por eso queremos otorgar un nuevo papel a los profesionales en la gobernanza de la sanidad. Una medida que se alinea con la gestión clínica, la mayor autonomía del profesional para organizar su trabajo y tomar decisiones. En este sentido, estamos estudiando cómo redefinir las estructuras hospitalarias y de Atención Primaria para darles un nuevo papel, para que se acerquen a lo que quieren los profesionales. Es difícil pero hay que avanzar hacia una organización profesional.

Un reto complicado…

Sí, diferenciaría dos ámbitos, el de las organizaciones profesionales, que a veces lo viven como un riesgo, como una pérdida de poder, y el de los profesionales, donde nos encontramos de todo: hay gente activa y comprometida, y hay otros que se limitan a cumplir con su trabajo. Nuestro objetivo es facilitar el trabajo a quien quiere asumir más compromiso, más autonomía.

¿Se podrán ver resultados esta legislatura?

Yo creo que sí. En términos de gestión clínica los veremos pronto. Y también espero que se visualicen las alianzas estratégicas, otro de nuestros proyectos. Venimos de una organización fragmentada, donde la atención correspondiente a una especialidad está muy dimensionada en un hospital. Nuestra idea es hacer alianzas profesionales entre centros que terminen en la constitución de redes de servicios integrados. Es decir que toda la Cardiología, Oncología, Neurología… de la comunidad esté organizada de forma homogénea, no parcelada en cada hospital, y liderada por un profesional.

Este reto es laborioso porque los hospitales parece que tienden más a competir entre ellos y no tanto a cooperar. Es verdad que hay experiencias, como el Código Infarto o Código Ictus, pero el objetivo es conseguir que los profesionales de los hospitales pequeños y grandes estén perfectamente fusionados, que la relación de derivación de pacientes esté bien organizada, y que se dé oportunidad a quienes están en centros de baja complejidad a participar en casos complejos, aunque no pertenezcan a su hospital...

Sáez Aguado explica su proyecto de crear alianzas entre hospitales.

En cuanto a infraestructuras, ¿cuáles son los objetivos que se ha marcado?

En estos años malos hemos tenido que renunciar a algunas inversiones para mantener lo fundamental, las plantillas. Si bien, este año ya incluimos dotaciones que van a afectar a 14 centros de salud, casi todos de nueva construcción. Y hemos retomado con intensidad obras hospitalarias, especialmente en el Hospital Universitario de Salamanca y el nuevo hospital de Palencia. Además remataremos el de Zamora y avanzaremos en el de Soria.

Hemos dado un paso más también en tecnología. Es una pena que la hayamos renovado poco por la crisis porque, como ha señalado Fenin, cuando te retrasas, hacer la renovación es más complejo. Hemos pedido al Ministerio de Hacienda que haga un plan renove de tecnología sanitaria, teniendo en cuenta el incremento del IVA sanitario, que solo el año pasado tuvo un coste de 20 millones de euros, 20 millones que no hemos podido invertir. No nos hicieron mucho caso, pero es algo necesario.

Hablando de tecnología, ha saltado una polémica a los medios por el acelerador lineal de Ávila. ¿Qué está ocurriendo realmente?

Lo que hay que poner sobre la mesa son razones técnicas y no tanto argumentos políticos. Si nosotros planteamos un acelerador en el hospital de Ávila algunos pacientes perderían accesibilidad porque lo tienen más lejos que ahora. Además, el nivel de rotación de casos sería más limitado y eso terminaría afectando a la calidad, a los resultados y a la efectividad. Sí hay cierta queja con el transporte sanitario. Yo eso lo comprendo y, por eso, nuestro compromiso ha sido mejorarlo.

Otra polémica, totalmente diferente, fue la anulación de la OPE de Enfermería.

Fue complicado porque había muchas expectativas de enfermeras y enfermeros que se vieron frustradas. Nosotros tuvimos que tomar una decisión. La alternativa era no convocar ninguna plaza, o interpretar la norma de otra manera y convocar 435 plazas. Optamos por la segunda. De cualquier manera hemos creado ya una, aprobada por el Gobierno y que muy pronto, una vez consultados los sindicatos, convocaremos. No renunciamos a que se nos den la razón, en cuyo caso acumularemos dos OPE y reduciríamos bastante los niveles de interinidad.

¿Cuándo serán las futuras OPE?

Nosotros teníamos el compromiso de hacer las OPE de Enfermería y Médicos de Familia en el mes de marzo, y lo hemos hecho en febrero. Tenemos que hablar con los sindicatos cuál puede ser la fecha más idónea para las demás, pero desde luego este año sin ninguna duda. Como nuestra gente ya estaba preparada, creo que la fecha puede ser relativamente cercana. Del resto de categorías como especialistas de hospital, técnicos de laboratorio o técnicos de cuidados auxiliares el compromiso es convocarlas en el primer semestre. Así que este año cerramos una oferta importante superior a 1.500 plazas en Castilla y León de carácter sanitario.

El consejero, preocupado por si la profesionalización separa a gestores y clínicos.

¿Cuál es su opinión sobre la profesionalización de la gestión sanitaria?

En general, como lema me parece interesante. La cuestión es cómo la concretamos. Creo que es una línea necesaria, es decir, los gestores no pueden estar al albur de los cambios políticos, no es bueno y lo hemos visto recientemente. Ha habido cambios en los gobiernos de algunas comunidades y, de repente, han desaparecido los antiguos gestores. Por cierto, éstos son los que hablan de la profesionalización de la gestión. Bien, pues aplíquese.

Nuestras convocatorias son públicas, transparentes y contamos con el apoyo de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa).

Hay que profesionalizar, sin duda. Pero eso no puede poner distancia entre los gestores y los clínicos. Si limitamos los puestos de gestión a profesionales de la gestión impedimos que los clínicos den el paso y se comprometan. Volveríamos a los tiempos de la organización vertical, donde manda el gerente. Tiene que ser un poco al revés. Son los jefes de servicio, supervisores… los que tiene que decir cómo organizar el trabajo médico y de enfermería, y como integrarlo.

En varias ocasiones ha mostrado su preocupación por la financiación de los fármacos para tratar la hepatitis C, ¿cómo está la situación en este momento?

En Castilla y León hemos tenido un planteamiento muy claro: existen fármacos eficaces, que curan entre el 85 y el 95 por ciento de los pacientes enfermos y no podíamos negarlos por una cuestión económica. Las instrucciones que hemos trasladado a los hepatólogos es que no piensen en restricciones presupuestarias.

Estamos tratando más de 3.000 pacientes con los nuevos medicamentos. Habíamos estimado, al principio, un coste inicial de 70 millones de euros anuales y, al terminar el año, han sido 56 millones más que nuestro gasto del año anterior. El impacto es muy importante y lo que hemos trasladado al Gobierno central es que no entendemos su posición.

La financiación de la sanidad es una de las preocupaciones de Sáez Aguado.

El señor Montoro nos dice que hay que cumplir los objetivos de déficit, y nos parece razonable pero, por otro, el Ministerio de Sanidad incorpora nuevos medicamentos muy costosos sin abrir ni siquiera el debate sobre su financiación.

Al final el Ministerio de Hacienda ha arbitrado medidas que no suponen nueva financiación, sino facilidad en tesorería, que a las comunidades que están en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) le puede venir bien, pero a nosotros no.

El impacto que ha tenido que nosotros no pusiéramos restricciones a estos medicamentos ha supuesto un 0,1% del PIB regional. Esto hace que, por primera vez, sea muy probable que Castilla y León no cumpla el objetivo de déficit. Es un tema que hay que debatir en el modelo de financiación autonómica. ¿Cómo se incorpora la innovación para que no tenga este coste? Vamos a asistir a pruebas genéticas de elevado coste, a innovación en oncología con un coste importante que tenemos que incorporar… ¿Cómo encaja todo eso en un modelo de financiación demasiado rígido?

Pero eso requiere un debate profundo y complejo.

Sí porque a nosotros el modelo no nos sirve. Castilla y León se abstuvo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estamos en contra porque el resultado es una financiación insuficiente para la sanidad. El modelo actual nos aporta 600 millones de euros menos de lo que gastamos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Son gastos que tiene que aportar la región con sus propios recursos. No nos sirve el modelo actual. Tiene que incorporar reglas para que la innovación no acabe cargando exclusivamente sobre las comunidades autónomas.

Los problemas para financiar los fármacos para la hepatitis, las enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población... ¿está en juego la sostenibilidad del sistema sanitario?

El problema de la sostenibilidad de la sanidad no es nuevo. Ya el Insalud tuvo que hacer operaciones de saneamiento. El último gobierno socialista dejó una deuda de 16.0000 millones en Sanidad.

No hemos sido capaces de aprovechar la crisis para hacer medidas estructurales. Las aplicadas por el Gobierno han sido muy insuficientes. El debate sobre si los inmigrantes debían tener tarjeta sanitaria, por ejemplo, ha tenido un impacto muy limitado y, además, desde las comunidades autónomas se les ha seguido atendiendo. El copago ha moderado mínimamente el gasto farmacéutico.

El consejero se pronuncia sobre los nuevos medicamentos contra la hepatitis C.

Nos han faltado medidas organizativas, como la integración de la primaria y la hospitalaria, o las orientadas a la cronicidad. Hay que poner a los profesionales al frente de la sanidad o el problema se agravará. No se resuelve con un plan de pago a proveedores. Lo fundamental es lo estructural. Concebir la sanidad con continuidad y que se adapte a lo que tenemos, que son pacientes crónicos.

¿Cómo se plantea el funcionamiento del Consejo Interterritorial con esta diversidad de partidos en los gobiernos autonómicos?

Yo siempre lo he visto complicado, antes y ahora. Desgraciadamente los partidos políticos en España han sido incapaces de pactar lo fundamental. Y eso que hay muchas más coincidencias que diferencias. Si lo que nos separa es si los inmigrantes deben tener tarjeta sanitaria, además de ser atendidos o no, o el nivel de copago por el servicio que tienen que aportar, creo que, en lo fundamental, coincidimos.

Hay posiciones de bloque entre los partidos. En Castilla y León algunas veces nos hemos salido del bloque. Por ejemplo, recurrimos el copago hospitalario porque no le veíamos sentido. Esto tiene que ver con la altura de la política española, que es demasiado partidista y tiene poca visión del medio plazo.

También hay un problema que tiene que ver con las competencias. Cada administración tiene las suyas y las decisiones del Consejo Interterritorial no pueden estar por encima de las competencias del Estado, por  lo que es difícil que el Consejo pueda tomar decisiones que obliguen a todos.

Hay un problema jurídico pero el principal es político por la miopía de los partidos en España y su visión cortoplacista que hace que no tomen acuerdos suficientes en tantas otras cosas, pero también en sanidad.

Entrevista completa al consejero de Sanidad de Castilla y León.

¿Cómo está afrontando su región la lucha contra el virus Zika?

La situación está controlada, pero hay con riesgo potencial. En función de cómo evolucione la incidencia en los países latinoamericanos y de cómo se transmita en los países europeos, el riesgo puede concretarse o no. Afortunadamente es una infección que desde el punto de vista clínico es leve, incluso asintomática.

De los cinco primeros casos confirmados en España, uno fue en Valladolid y otro en Salamanca.

Eso pone de manifiesto que estamos alerta, aunque no alarmados, y que nuestros profesionales están informados y la situación está controlada. Pero hay un riesgo potencial, evidentemente.