Óscar López Alba / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
Este trabajo pone de manifiesto que no existen protocolos homogeneizados para el seguimiento al diabético. No los hay en el ámbito estatal y tampoco en el autonómico, y los que se manejan son elaborados en los propios centros de salud. Por este motivo, el presidente del CGE, Máximo González Jurado, ha pedido una norma nacional que regule esta asistencia y ha anunciado un protocolo común “de obligado cumplimiento” para todos los enfermeros del país en el que podrán formarse vía on-line. Por su parte, el presidente de FEDE, Ángel Cabrera, ha insistido en la disparidad existente entre las comunidades autónomas, y aunque ha destacado a Madrid, Cataluña y País Vasco como la que mejor disposición hacen de los recursos para los diabéticos, ha indicado que en todas siempre hay detalles notables por mejorar. Responsabilidad patrimonial de la Administración Dentro de este estudio, el CGE ha encargado al bufete De Lorenzo Abogados un informe jurídico sobre los recursos que la Administración pone al alcance de los diabéticos. En él quedan reflejadas muchas de las deficiencias denunciadas por la propia FEDE y el CGE, y ahonda en la responsabilidad patrimonial de la Administración “si la reutilización de los dispositivos para el control y tratamiento de la diabetes obedece a la falta del suministro adecuado de los dispositivos”.
Asimismo, “cuando la reutilización de los dispositivos obedeciera a la información defectuosa por parte del profesional sanitario, por desconocimiento o falta de información de los riesgos típicos de la reutilización, también cabría una eventual exigencia de responsabilidad profesional”, advierte el informe. |