La sentencia desestima la demanda promovida por los sindicatos y el comité de empresa



18 jun. 2013 15:17H
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Redacción. Madrid
La Sala de lo Social nº6 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado en sentencia de 10 de Junio de 2013 que el ERE promovido por la Comunidad de Madrid con motivo de la  extinción de la Agencia Laín Entralgo es ajustada a derecho.

Francisco Javier Vieira, presidente del TSJM.

La extinción de la Agencia Laín Entralgo fue una de la medidas incluidas en la Ley 4/2012, de 4 de julio, de modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica,  con el objetivo de reducir el peso de la Administración regional, optimizar la eficacia en la actuación de la Consejería de Sanidad y avanzar en la contención del gasto público.

La sentencia desestima la demanda promovida por los sindicatos y el comité de empresa de la Consejería de Sanidad, absolviendo  a la Consejería de Sanidad de la demanda de impugnación del ERE de los trabajadores de la Agencia.

Además, señala que no se han vulnerado ni los derechos fundamentales de los trabajadores  ni la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, tal como solicitaban los representantes de los trabajadores y declara expresamente que la tramitación del expediente del ERE se ha efectuado con cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto en las exigencias formales como en la aportación de la documentación requerida, y manifiesta la buena fe por parte de  la Administración en su negociación.

La extinción de esta Agencia no implicó la desaparición de sus funciones ya que éstas pasaron a depender de la Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad. De esta forma, solo ha cambiado la forma jurídica de cómo se aborda la formación y la investigación sanitaria, como ya sucedía en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. De hecho, Madrid era una excepción, ya que casi todas las regiones tienen centralizada en sus consejerías las labores de formación, acreditación y apoyo a la investigación.

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