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Jueves, 01 de agosto de 2013, a las 18:43

Redacción. Valencia
Un informe de la Sindicatura de Comptes que dirige Rafael Vicente Queralt ha revelado que si se prestara el servicio de resonancias magnéticas con medios propios de la sanidad pública valenciana, y una vez realizadas las inversiones en equipamiento y las contrataciones de personal necesarias, el ahorro potencial anual, es decir, la diferencia entre el precio medio pagado por explotación en 2012 (257,19 euros) y el coste medio incremental con recursos propios (108,36 euros), sin considerar los costes estructurales que ya están siendo soportados por los hospitales públicos, oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones, en función de la proporción de informes asumidos.

Rafael Vicente Queralt.

Este estudio, que ha sido entregado en las Corts Valencianes, recoge una auditoría operativa que ha evaluado con criterios de eficiencia, eficacia y economía la gestión del concierto de resonancias magnéticas por la Conselleria de Sanitat. El informe ‘Resonancias Magnéticas: Una oportunidad de ahorro’ recuerda que el concierto de resonancias magnéticas representa el 10,9 por ciento de los 469,5 millones de euros de las obligaciones reconocidas en 2012 de conciertos sanitarios por la Dirección General de Asistencia Sanitaria.

Entre las principales conclusiones que se derivan del informe figura, en relación con los costes del concierto y los ahorros potenciales, que si se optara por la realización de exploraciones con equipos del proveedor pero informadas por facultativos del hospital (modalidad C), el ahorro potencial entre el menor volumen de facturación y el mayor coste de personal oscilaría entre 406.000 y 2.032.000 euros. Además, el coste del plus contraste, que según las tarifas del ejercicio 2012 asciende a 48,49 euros, es sensiblemente superior al coste de adquisición del producto por parte del Hospital Peset de Valencia y por parte del Hospital San Juan de Alicante. Si todo el contraste fuera adquirido directamente por los hospitales y no suministrado por la empresa concertada, el ahorro potencial anual se situaría en torno a 900.000 euros. Este ahorro, advierte, “está supeditado a la capacidad de negociación de la propia Conselleria frente a los proveedores, de tal forma que determinados fungibles, como son los equipos inyectores, sean suministrados sin coste adicional”.

Por otra parte, la Sindicatura opina que la definición de la tasa de frecuentación que detalla el contrato debería calcularse en función del número de exploraciones y no de pacientes, dado que el criterio de facturación sigue esa pauta. Conforme a este criterio, calcula que el ahorro potencial en la facturación ascendería a un importe aproximado de 465.000 euros para el conjunto de los años 2010 y 2011. En relación con el control realizado por la Consejería de Sanidad de la prestación concertada, advierte de que en seis de los nueve hospitales fiscalizados, el control de las prestaciones concertadas es parcialmente efectivo, y en dos el control es no efectivo. Tan solo el control ejercido por el Hospital La Fe de Valencia puede considerarse efectivo.

“Carencia de información”

Asimismo, el Síndic evidencia que el Servicio de Conciertos “carece de información de gestión con carácter periódico, que recoja indicadores básicos de la actividad concertada, como son el número de pacientes e informes realizados, pruebas realizadas, coste total por cada uno de los conceptos que componen la prestación sanitaria, etc”. “La información es básica para evaluar si el servicio prestado por la empresa adjudicataria respeta el criterio de eficiencia en la gestión de los fondos públicos”, apunta.

Asimismo, los criterios de facturación en lo que se refiere a la agrupación de exploraciones “no están suficientemente detallados en los pliegos del contrato, circunstancia supone una indefinición en lo que respecta a qué secuencias están incluidas en la valoración de las pruebas y cuáles son los criterios de agrupación cuando haya una acumulación de pruebas o secuencias sobre el mismo territorio anatómico”.

Igualmente, la Sindicatura reconoce que en el transcurso de este trabajo, se han detectado “numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las pruebas realizadas”. Las diferencias son en ambos sentidos, unos a favor de la Agencia Valenciana de Salud (AVS) y otras a favor del proveedor.