Los socialistas explican que aquellos que salgan de España por tiempo superior a 90 días, “perderían su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país



20 ene. 2014 15:57H
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Redacción. Logroño
El PSOE pedirá en el Parlamento "restituir la tarjeta y los derechos sanitarios de 4.000 riojanos residentes en el extranjero". Todo ello ante la introducción en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 de "un nuevo requisito para que las personas que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza puedan tener derecho a la asistencia sanitaria, el de residir en España".

Es decir, con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida "también se exige el requisito de residencia en España a los riojanos que hubieran agotado la prestación o el subsidio por desempleo, u otras prestaciones de similar naturaleza, para ser beneficiarios del derecho a asistencia sanitaria".

Asimismo, según explica el PSOE, la Ley 22/2013, en su Disposición final cuarta, apartado siete, añade una nueva Disposición adicional sexagésima quinta en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que, entre otros aspectos, dispone, que efectos del mantenimiento del derecho a las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural."

En base a ambas disposiciones normativas "unos 4.000 riojanos que hubieran agotado las prestaciones del sistema de protección por desempleo y salgan de España por tiempo superior a 90 días, incluso para buscar trabajo o formación, perderían su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país".

El Gobierno ha adoptado esta medida "cuando cientos de miles de españoles y riojanos se ven obligados a salir de nuestro país en busca de empleo, formación o recualificación profesional. El Gobierno, en vez de arbitrar las medidas y las prestaciones necesarias para tutelar el derecho a la salud en cumplimiento del mandato de nuestro texto constitucional, les priva del mismo".
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