El Principado y los farmacéuticos, contra la sentencia del TSJA

José Villazón, presidente del Colegio de Farmacéuticos; y Ramón Quirós, consejero de Salud.

Redacción. Oviedo
El Colegio de Farmacéuticos ha anunciado su postura contraria ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula dos artículos y el apartado 6 del anexo del decreto 72/2001 sobre regulación de las farmacias. En concreto, se invalidan los apartados referidos a los módulos de población y a las distancias mínimas. Según un comunicado del Colegio, el actual sistema ya garantizaba “la prestación farmacéutica en igualdad de condiciones”.

Para denunciar esta sentencia, el Colegio de Farmacéuticos recurre a otra sentencia dictada el pasado julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que apoyaba el sistema vigente, el Modelo Mediterráneo de Farmacia. El decreto estimaba la creación de una farmacia por cada 2.800 habitantes; que la distancia mínima entre las oficinas debe ser 250 metros; y finalmente, el TSJA ha derogado el apartado del baremo que primaba a los farmacéuticos que habían ejercido su profesión en Asturias.

El Colegio asegura que con esta normativa se consiguió que “el 99 por ciento de la población cuente con una oficina de farmacia a menos de 10 minutos de su residencia o lugar de trabajo”, lo que supone “una gran accesibilidad”, y que “el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al servicio recibido sea muy elevado”.

Además, en el comunicado del Colegio se recuerda que este decreto de 2001 “ya ha sido sustituido por una nueva Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica” regional, de 2007, aprobada en consenso por el PSOE, el PP e IU.

Por todas estas razones, el Colegio ha pedido al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos que recurra el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Algo que ya ha planteado la Consejería de Salud del Principado, quien anunció la pasada semana su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. En un comunicado, la Consejería aseguró que el sistema actual “es la mejor forma de asegurar una adecuada distribución de estos recursos en el territorio de Asturias, tal y como refleja la vigente Ley de Ordenación Farmacéutica”.