El Principado asumirá la financiación del servicio de teleasistencia a no dependientes

Redacción. Oviedo
El Gobierno del Principado se ha comprometido a asumir la financiación del servicio de teleasistencia a personas no dependientes en colaboración con los ayuntamientos, tras la retirada de esos fondos por el Gobierno central para el año que viene.

Esther Díaz, consejera de Bienestar Social y Vivienda.

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha explicado que la partida para este servicio ascendió en 2012 a 1,3 millones de euros en el ámbito asturiano, que se repartía al 65 por ciento por parte del Estado y el 35 por ciento restante entre los ayuntamientos en función del número de habitantes.

En la Comunidad existen cerca de 8.000 demandantes de este servicio, por lo que la consejera entiende que se trata de una cuestión de "humanidad" garantizar la seguridad y protección a los ciudadanos, de la que el Gobierno de Mariano Rajoy "se desentiende" dando prioridad a otras medidas cuando "se podría recortar de otros sitios".

Para Díaz, la decisión del Gobierno central obedece a razones "ideológicas", por lo que desde el Principado se asumirá la cuantía que deja de aportar el Estado para colaborar con los ayuntamientos, dando continuidad a ese servicio.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de reunirse con la Comisión Ejecutiva de la FACC para analizar el marco de colaboración entre el Gobierno asturiano y los ayuntamientos en materia de servicios sociales.

Por su parte, el presidente de la FACC, Antonio de Luis Solar, ha destacado la "sensibilidad" del Ejecutivo autonómico incidiendo en que este encuentro es "reflejo" de la adecuada colaboración entre administraciones "en momentos de especial dificultad".

De Luis, que ha valorado el compromiso del Principado para asumir la financiación de la teleasistencia que deja de aportar el Estado, también ha resaltado la "rápida" actuación de la Administración autonómica para poner en marcha la oficina de información y asesoramiento a familias afectadas o en riesgo de desahucios con la colaboración de los ayuntamientos y profesionales.