El PP defiende la extensión de la libre elección de médico, centro y segunda opinión médica a todas las comunidades

Leire Sopuerta Biota. Madrid
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que los pacientes tengan derecho de libre elección de médico especialista, centro sanitario y segunda opinión en todas las comunidades autónomas.

Los diputados Ana Pastor y Mario Mingo.

La iniciativa, que se debatirá directamente en el Pleno, es decir, no pasará antes por la Comisión de Sanidad, argumenta esta petición en que “cada vez son más los ciudadanos que demandan la libre elección de médico y centro, así como el derecho a una segunda opinión en el ámbito sanitario”.

Esta facultad, según el Grupo Popular “sitúa al paciente en el centro del sistema sanitario y redunda en una mayor calidad del mismo”.

Además, el texto critica la desigual regulación de la libre elección, centro y segunda opinión facultativa en las comunidades autónomas. “Estamos ante una muestra palpable de falta de equidad en nuestro sistema sanitario”, señala la exposición de motivos de la proposición no de ley.

Baremo único para la titularidad de las farmacias

También ha presentado el PP una proposición no de ley en la que manifiesta la necesidad de establecer un baremo único para el acceso a la titularidad de las farmacias en toda España, que pueda ser complementado por las comunidades autónomas en su ordenación farmacéutica, pero cuya regulación sea básica para todo el Estado y solucione “la excesiva judicialización de los concursos que se está produciendo por falta de criterios comunes”.

Por ello, solicita al Ejecutivo que se reúna el Consejo Interterritorial con el fin de acordar los principios por los que ha de guiarse el baremo único de adjudicación de la titularidad de las farmacias en España. Y, en este sentido, pide que prime el ejercicio profesional y, dentro del mismo, aquellas formas de ejercicio que aportan mayor valor añadido al SNS y al paciente.

Asimismo, la iniciativa apuesta por que en el plazo máximo de tres meses se regule que dicho baremo garantice la movilidad y no discriminación de los farmacéuticos, tanto españoles como del resto de la Unión Europea. Así, el PP cree que no deben ser consideradas adecuadas las restricciones por razón de ejercicio en territorio de una determinada comunidad, las de carácter lingüístico o las que establezcan un mérito adicional en razón de origen, residencia o formación promovida por determinada administración o universidad, en detrimento de otra titulación oficial reconocida en el ámbito de la Unión Europea.