14 nov 2018 | Actualizado: 21:20

El Gobierno suprime Giscarmsa y la Fundación Alzheimur

El objetivo de esta medida es la adecuación del sector público regional para ajustarlo a los criterios de austeridad, eficacia, eficiencia

Viernes, 15 de marzo de 2013, a las 17:07

Redacción. Murcia
El Gobierno de Murcia ha suprimido ocho entes públicos como parte de su plan de ajuste y reestructuración para hacer frente a la contención del déficit autonómico. Entre ellos destaca la desaparición de la Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Región de Murcia (Giscarmsa) y la Fundación Alzheimur, cuyas funciones serán asumidas por la propia comunidad autónoma.

José Ballesta, portavoz del Gobierno.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, José Ballesta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, quien ha detallado que esta medida supondrá un ahorro de 6,5 millones de euros, en base a las estimaciones realizadas desde la Consejería de Economía y Hacienda.

En concreto, el Consejo de Gobierno, en su reunión de este viernes, ha decidido suprimir la Sociedad Pública del Suelo y Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia S.A.; Industrial Alhama S.A.; la Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Región de Murcia S.A. (Giscarmsa); la Fundación Parque Científico de Murcia; la Fundación Agencia de Gestión de la Energía (Argem); la Fundación Tutela Judicial de Adultos; la Fundación Alzheimur y el Consorcio Universitario para el Campus de Lorca.

Estas medidas están incluidas en un decreto aprobado por el Gobierno regional a propuesta de la Consejería de Economía, con el fin de lograr la racionalización del sector público en la Región de Murcia. Ballesta ha recordado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que tiene su origen en el Pacto de estabilidad presupuestaria, que incluso originó una modificación de la Constitución Española, obliga a las comunidades autónomas a una serie de compromisos, entre los que se sitúa "la reestructuración del sector público de las comunidades".

El Consejo de Gobierno ha analizado ese sector público y, a propuesta de la Consejería de Economía, se han decidido los criterios que han de aplicarse en esa racionalización del sector público. En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, la participación de la Comunidad Autónoma en esos entes suprimidos debía permitir "la adopción de la medida de su supresión o extinción".

Asimismo, Ballesta ha explicado que los fines u objetivos del ente tenían que poder ser asumidos por otros entes del sector público de la comunidad autónoma, puesto que "se suprime el ente pero no la función, que pasa a otro ente preexistente". Además, la Consejería ha tomado la decisión siguiendo como criterio que, en otro momento de la historia de la Comunidad, esos fines y objetivos "hubieran sido prestados por la Administración general de la Comunidad Autónoma, y se decidirá con posterioridad realizarlos por un ente fuera de la Administración general de la Comunidad".

El Gobierno regional también suprime la Fundación Alzheimur, cuyas funciones van a ser asumidas por la Consejería de Sanidad y Política Social; así como el Consorcio Universitario para el Campus de Lorca, cuyas funciones van a ser asumidas por la Dirección General de Universidades y Política Científica. 

Al respecto, Ballesta ha señalado en rueda de prensa que el decreto que suprime estos entes "será complementado con una proposición de ley que, en su momento, desarrollará el Grupo Parlamentario Popular". En concreto, este Decreto, que se enmarca en la Ley de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad de Murcia y en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

"El objetivo de esta medida es la adecuación del sector público regional para ajustarlo a los criterios de austeridad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad que deben regir las administraciones públicas, especialmente en la actual situación económica", ha finalizado.