19 nov 2018 | Actualizado: 18:10

El Gobierno, partidario de impulsar una regulación específica en salud mental

Esta propuesta se ha hecho en el marco de la reunión con responsables del centro hospitalario Padre Menni

Miércoles, 21 de octubre de 2015, a las 15:52
Redacción. Santander
El Gobierno de Cantabria está dispuesto a impulsar una regulación específica en el ámbito de la salud mental para mejorar la situación de los pacientes con enfermedades mentales y solucionar algunos problemas que en estos momentos existen en el ámbito administrativo.

Miguel Ángel Revilla, con Carlos Pajares y Juan Gómez de Tojeiro (a su derecha) y María Ángeles Carbajo.

Así se lo ha trasmitido el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, al director gerente del centro hospitalario Padre Menni de Santander, Carlos Pajares, en el transcurso del encuentro que han mantenido en la sede el Ejecutivo regional y en el que también han participado el director médico, Juan Gómez de Tojeiro, y la jefa de Enfermería, María Ángeles Carbajo.

Carlos Pajares ha agradecido el apoyo de Revilla a la labor que desarrolla el centro y la voluntad del Gobierno, que en anteriores reuniones le trasladaron igualmente la vicepresidenta y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, y la consejera de Sanidad, María Luisa Real, de “buscar alternativas” a la problemática que existe en este campo ante la ausencia de una reglamentación “clara y diferenciada” desde el punto de vista legal y administrativo, carencia que afecta no sólo a Cantabria, sino al conjunto del país.

Según ha explicado el director gerente del Padre Menni, la enfermedad mental en España no cuenta a día de hoy con una regulación específica ni en el apartado normativo ni en el sociosanitario, puesto que se contempla desde el ámbito genérico de la dependencia y la discapacidad.

A su juicio, el “primer paso” en este objetivo ha de ser “clarificar” la situación de estos enfermos y las medidas que es necesario adoptar para dar solución a los problemas específicos que presentan, para lo cual considera fundamental disponer de “recursos de carácter legal y administrativo”, más allá de los meramente económicos.