El Gobierno aprueba en el consejo de Ministros la propuesta de Sanidad para distribuir el dinero recaudado por tráfico ilícito de estupefacientes y otros delitos relacionados



16 ene. 2015 16:59H
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Redacción. Madrid
El Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados se destinará para intensificar las actuaciones realizadas en los ámbitos de la reducción de la demanda y del control de la oferta de estas sustancias ilegales.

Francisco de Asís Babín, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Así lo ha decidido el Gobierno en la última sesión del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Sanidad, en una iniciativa que también promueve la cooperación internacional en materia de lucha antidroga. La prevención de los nuevos patrones de consumo y  de las nuevas sustancias, la atención a los menores en situación de riesgo y los programas centrados en los problemas de las mujeres drogodependientes son las grandes prioridades de los programas que se financiarán con estas partidas.

El fondo está gestionado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, integrada por representantes de los Ministerios de Sanidad, Hacienda, Justicia e Interior, y está presidido por el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín.

Reducción de la demanda

Entre otras iniciativas, el dinero recaudado a través la enajenación de los bienes decomisados, se destinarán a la puesta en marcha de programas en el ámbito de la reducción de la demanda (prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos). Entre otros, promoverán la sensibilización y prevención, sobre todo los referidos a la prevención de enfermedades transmisibles asociadas al consumo de drogas inyectadas y a los problemas generados por las nuevas sustancias y los nuevos patrones de consumo.

De igual forma, habrá programas asistenciales y de inserción socio-laboral dirigidos a menores afectados o en situación de riesgo, drogodependientes con problemas judiciales o internados en instituciones penitenciarias y poblaciones de alto riesgo, e iniciativas de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales en prevención, asistencia e inserción sociolaboral de las personas drogodependientes, entre otros asuntos.
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