Redacción Médica
26 de septiembre de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 10:40

El Defensor del Pueblo pide “más coordinación y recursos” para atender a los enfermos mentales

Maeztu ha mostrado su “preocupación” por las consecuencias de la crisis y los recortes del gasto sanitario

Miércoles, 05 de febrero de 2014, a las 22:58
Redacción. Sevilla
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha debatido este miércoles en el Parlamento, en la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la situación de los enfermos mentales en Andalucía, en una intervención en la que ha pedido reconocer la dignidad de estos pacientes y su derecho a una asistencia sanitaria y social. Maeztu ha mostrado su “preocupación” por las consecuencias de la crisis y los recortes del gasto sanitario en la atención de este colectivo, y ha pedido a las administraciones su “compromiso” por reforzar los dispositivos de atención, así como intervenir en su tratamiento desde el punto de vista sanitario y social, lo que implica una mayor coordinación de las distintas políticas públicas sanitarias, sociales, educativas, del empleo y de la vivienda, entre otras.

Jesús Maeztu.

El informe especial del Defensor sobre esta situación se enmarca en el análisis de las quejas tramitadas por esta Institución, alrededor de 60 casos de media anual, con la particularidad de que son quejas presentadas por los familiares del enfermo e incluso por los trabajadores sociales y sanitarios que los atienden, ya que este colectivo, en muchos casos, “ni reconoce la enfermedad, ni sigue el tratamiento prescrito, ni acude a las citas y revisiones programadas”.

El Defensor, según un comunicado, ha querido reconocer los avances experimentados con la reforma psiquiátrica de 1984 que supuso sustituir un modelo basado exclusivamente en un sistema ambulatorio de neuropsiquiatría y manicomial por el modelo actual de atención sanitaria y social de estos pacientes, atendiendo al perfil y las necesidades de los usuarios, e integrando todos los recursos sanitarios en el Servicios Andaluz de Salud y los servicios sociales a través de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental.

Sin embargo, considera que todavía se detectan “insuficiencias”, sobre todo, en la dotación de estructuras intermedias, tales como hospitales o centros de días, talleres, programas de prevención y promoción de la salud y la rehabilitación, comunidades terapéuticas, pisos protegidos o viviendas tuteladas, centros ocupaciones, etcétera. Y, es necesario completar los déficits existentes, especialmente en lo que se refiere a la dotación de plazas de media-larga duración tanto en hospitales como en residencias, y una mayor coordinación entre los distintos niveles y de seguimiento en la evaluación del enfermo.

“Graves carencias” en la asistencia psiquiátrica a reclusos

Durante su intervención, Maeztu ha querido destacar también la situación específica de dos grupos sectoriales. De una parte, los enfermos que presentan algún tipo de patología dual, principalmente asociada a su dependencia por algún tipo de droga. De otra, la población reclusa enferma mental, que supone alrededor del 50 por ciento de los internos en centros penitenciarios andaluces y donde se detectan “graves carencias” en la prestación de asistencia psiquiátrica.

La actuación del Defensor del Pueblo andaluz sobre este tema, además de la tramitación de las quejas y la elaboración del mencionado informe, promovió en 2007 la creación de un grupo de trabajo en Sevilla, con la participación de las Administraciones, entidades y profesionales judiciales, con el objetivo de realizar un seguimiento y analizar las dificultades para acceder a los dispositivos especializados que encuentran las personas con este tipo de discapacidad.

Fruto de este trabajo ha sido la ‘Propuesta de Coordinación en los procesos de incapacitación relativos a personas con discapacidades psíquicas’, con la participación de Salud Mental, Servicios Sociales autonómicos y municipales, Faisem, Fiscalía de Incapaces, Justicia, Medicina Forense, Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, y Defensor del Pueblo Andaluz, entre otros estamentos.