Redacción Médica
17 de julio de 2018 | Actualizado: Martes a las 18:45

El Consejo General del Poder Judicial y el COMB promoverán acciones conjuntas

pivotará principalmente en la promoción de actividades relacionadas con el ejercicio profesional en materias propias de la medicina y el derecho

Viernes, 04 de octubre de 2013, a las 14:04

José Luis Vilardell, presidente del COMB.

Redacción. Barcelona
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) han firmado un acuerdo de colaboración para promover iniciativas que sean de interés para los colectivos de ambas instituciones. Ramon Camp, vocal del CGPJ, y Jaume Padrós, vicepresidente primero del COMB, firmaron el acuerdo, el pasado 26 de septiembre, en la sede del COMB.

El CGPJ y el COMB vienen colaborando mutuamente desde el año 2011 y, en este sentido, el convenio tiene por objeto establecer un marco estable de colaboración para establecer sinergias entre ambas instituciones en beneficio de los colectivos que representan. Esta colaboración pivotará principalmente en la promoción de actividades relacionadas con el ejercicio profesional en materias propias de la medicina y el derecho que sean de interés o tengan una especial incidencia e importancia para los colectivos de ambas instituciones, y en la protección y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Así, el CGPJ y el COMB podrán promover conjuntamente la realización de congresos, jornadas y cursos de formación continuada, proyectos y grupos de investigación, simposios, publicaciones y cualquier otra actividad de difusión que acuerden.

El conjunto de situaciones y circunstancias que abarca la variada problemática jurídica de la asistencia médica se ha convertido hace tiempo en uno de los campos merecedores de mayor estudio. En interés no sólo del sistema sanitario y judicial, sino más bien de los ciudadanos a cuyo servicio se orienta toda actuación pública, resulta conveniente seguir profundizando en los estudios, programas y proyectos que conduzcan a incrementar, en la mayor medida que resulte posible, objetivos tan esenciales en el estado social y democrático de derecho como la protección de la salud y la seguridad jurídica.