La iniciativa del PSOE para devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares tampoco ha salido adelante



12 feb. 2013 22:34H
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Redacción. Madrid
El Congreso de los Diputados ha rechazado extender a todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) un proceso de subasta de medicamentos similar al ya puesto en marcha por Andalucía. El grupo parlamentario socialista ha propuesto un proceso de subasta para aquellos principios activos no sometidos a protección de patente como el que ha impulsado Andalucía, lo que podría permitir un ahorro estimado de unos 1.500 millones de euros al año en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta medida, según ha defendido Martínez Olmos, "permitiría eliminar el copago a los pensionistas, enfermos crónicos y a afectados por enfermedades raras".

Martínez Olmos ha defendido la iniciativa socialista.

Sin embargo, los populares han rechazado la propuesta al entender que, por un lado, la propuesta de extender la subasta andaluza al resto del SNS es un "riesgo" ya que la medida "ha sido un fracaso, una chapuza y una improvisación", como ha aseverado el diputado Manuel Cervera.  Además, ha recordado que las medidas puestas en marcha por Sanidad han permitido "ahorrar 1.100 millones de euros en sólo 6 meses".

Además, el Congreso también ha rechazado una proposición no de ley para restaurar el derecho de los inmigrantes en situación irregular a una tarjeta sanitaria que les permita el acceso a la sanidad pública. Con esta iniciativa, que ha sido rechazada con el voto en contra del PP, el PSOE pretendía reponer el derecho a la tarjeta sanitaria que el Gobierno "eliminó" a los inmigrantes irregulares con la reforma sanitaria impulsada por la titular del ramo, Ana Mato, el pasado mes de abril. Cervera ha defendido que la reforma de Mato "ha ampliado la cobertura sanitaria a colectivos que no la tenían haciendo que la universalidad de la sanidad sea un hecho" y, asimismo, ha insistido en que "ningún ciudadano dejará de ser atendido en el SNS".

Por su parte el diputado de IU Gaspar Llamazares ha criticado la exclusión de los inmigrantes en situación irregular por ser "vulneradora de los derechos humanos", y avisa de que es "un error del Gobierno que nos va a salir más caro al conjunto de los ciudadanos", ya que su desatención sanitaria "generará un aumento de infecciones".

 

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