Redacción Médica
16 de julio de 2018 | Actualizado: Lunes a las 12:50

La Ley de Salud Pública se aprueba con la abstención del PP porque no se desarrolla el calendario único de vacunación

Recoge la universalización de la asistencia y la carrera profesional para el sanitario de salud pública

Miércoles, 27 de julio de 2011, a las 17:24

Leire Sopuerta Biota / Fotos: Pablo Eguizábal. Madrid
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de la Ley de Salud Pública que incluye una cartera de servicios “básica y común” con un calendario único de vacunación y una oferta de cribados poblacionales. El texto, que pasa al Senado, ha recibido los votos a favor de todos los grupos, salvo el PP que ha optado por abstenerse.

La Mesa de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, presidida por Gaspar Llamazares.

Uno de los motivos de la decisión del Partido Popular, ha explicado la diputada Ana Pastor, es que no se desarrolla ninguno de estos dos últimos aspectos, es decir, ni el calendario vacunal ni la oferta de cribados. El texto lo nombra, pero no especifica nada, ha lamentado Pastor. Sin embargo, la portavoz del PSOE, Pilar Grande, ha defendido que esos aspectos deben ser completados y aprobados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial.

El texto de la norma también incluye el derecho a la universalización de la asistencia sanitaria. Actualmente hay entre 180.000 y 200.000 personas fuera de la sanidad pública y este avance supondrá un coste de entre 60 y 100 millones anuales. En concreto, el documento dice que "se extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública, a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico". La extensión será efectiva a los parados que hayan agotado la prestación o el subsidio de desempleo, a partir del 1 de enero de 2012. Y para el resto de colectivos afectados se hará de manera paulatino antes de final de 2012.

Los diputados populares Mario Mingo, Ana Pastor y María del Pilar Fernández Pardo. En la segunda imagen, la portavoz de CiU, Concepció Tarruella, llega a la Comisión seguida de Mª Olaia Fernández Davila, representante del Grupo Mixto.

Esta medida no modifica el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por Muface, Mugeju o Isfas, que mantendrán su régimen jurídico específico. Y la enmienda autoriza al Gobierno a extender las prestaciones de la asistencia sanitaria por el SNS a quienes ejerzan una actividad por cuenta propia en los términos expresados en la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados y hayan optado a la mutualidad de previsión social que pudiera tener establecida el correspondiente colegio profesional.

La norma también reconoce la carrera profesional a los profesionales sanitarios de la salud pública; la creación de un Centro Estatal de Salud, que se encargará del seguimiento, la evaluación y la estrategia de la Salud Pública en toda España; más vigilancia en materia de salud, información periódica a los ciudadanos sobre posibles riesgos para su salud y financiación para aplicar esta ley cuando entre en vigor.

Los diputados socialistas Alberto Fidalgo, Vicenta Tortosa, Pilar Grande y José Vicente Muñoz Gómez.

Todos los portavoces de los grupos parlamentarios han destacado el avance que supone la norma. “Con esta ley se completa el marco normativo sanitario básico de la sanidad española”, ha afirmado Grande. Pastor, por su parte, ha destacado la importancia de la salud pública y ha defendido una vez más que el Instituto de Salud Carlos III vuelva a depender del Ministerio de Sanidad. “En el Senado lo podremos conseguir”, ha declarado.

Gaspar Llamazares, portavoz de GER-IU-ICV, ha mostrado su satisfacción por el texto final de la norma, que, a su juicio, ha mejorado “mucho” tras el proceso de debate de los grupos políticos. Joseba Agirretxea, del PNV, aunque no duda de la “necesidad” de la ley, sí cree que “se duda de la capacidad de autonomía de las comunidades” porque la norma “es muy centralista” y “parece que quiere que vuelvan al Estado competencias ya transferidas”. Concepció Tarruella, de CiU, cree que el texto está 2muy mejorado”, respecto al inicial.

Los parlamentarios del PSOE José ALberto Cabañes, Guadalupe Martín y María Virtudes Cediel.