Enrique Pita / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
Según este informe, que establece un baremo que va desde la irrelevancia al nivel excelente, la situación en España es bastante desalentadora. Solo cuatro autonomías tienen un nivel medio: Castilla y León (6,9), País Vasco (6,7), La Rioja (6,7) y Navarra (6,5). Pero es que la media del desarrollo de los servicios sociales en el conjunto del país obtiene una nota media de 4,7 puntos, una situación que se puede calificar a todas luces como débil. “El nivel de desarrollo es débil y con una tendencia general negativa”, ha explicado el autor del estudio, Gustavo A. García Herrero.
Para llevar a cabo este estudio se han evaluado tres dimensiones distintas. Por un lado, los derechos que tienen los ciudadanos y la decisión política para llevarlos a cabo. En segundo lugar, la relevancia y el compromiso económico que cada gobierno autonómico pone sobre la mesa para su desarrollo. Y, por último, la cobertura efectiva que se ofrece a la ciudadanía. “Hay una enorme disparidad de esfuerzos, de coberturas y de derechos garantizados”, señala García Herrero, que deja claro que este problema no es resultado de unos pocos meses, sino que es consecuencia de una trayectoria de años. Sin embargo, sí se constata “una regresión espectacular” en algunas autonomías, aunque no detalló cuáles. El mayor desarrollo de los servicios sociales en unas autonomías que en otras “no tiene solo que ver con un mayor esfuerzo económico, sino que es resultado también de mayor eficiencia en la organización y en la gestión”, recalca. Así, los representantes de la Asociación señalaron que se puede caer en el error de pensar que el gasto en servicios sociales puede ser uno de los motivos del déficit, cuando esto no es así. “No se debe echar la culpa a los servicios sociales. La región con peores resultados en este índice, Comunidad Valenciana, no es desde luego la que más gasto realiza”, recalcó García.
A la luz de estos datos, que provienen de fuentes oficiales y corresponden mayoritariamente al año 2010, el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hace también una serie de recomendaciones. Así, señala que el Estado debería regular las condiciones básicas “que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho a este nivel básico” con el objetivo de “corregir la actual situación de inequidad”. Además, apuntan, el Ministerio debe articular un sistema de información de servicios sociales que ofrezca información de alcance público porque, explican, las propias administraciones ofrecen datos que no concuerdan entre ellos. |