Cantabria deberá crear 1.500 plazas para atender las necesidades de su población dependiente

Julio Soto, director general de Políticas Sociales; Dolores Gorostiaga, vicepresidenta del Gobierno cántabro; y Luisa Real, directora del Icass.

Redacción. Santander
Cantabria deberá crear 1.500 plazas públicas más en residencias y otras cien en viviendas tuteladas, además de aumentar en más de un millón las horas anuales de ayuda a domicilio para atender las necesidades de su población dependiente en 2015, que puede alcanzar las 25.000 personas.

Este crecimiento irá acompañado además de la creación de empleo: 6.000 puestos de trabajo a jornada completa más que ahora.

Esas son las grandes cifras del Mapa de la Dependencia de Cantabria, que ofrece una radiografía de la situación actual y también una estimación de los recursos asistenciales necesarios para atender a la población dependiente en los próximos cinco años, aunque no de los económicos.

El informe ha sido presentado a las organizaciones y entidades que trabajan en este ámbito por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, y la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, quien ha subrayado que la atención a la dependencia nunca volverá a ser “una política de gestión” porque ya se ha consolidado como una derecho de los ciudadanos y una conquista social.

El objetivo es que el mapa sea un instrumento de consulta para el sector y una herramienta para planificar la creación de recursos allí donde se necesitan. Para ello, se ha analizado la población y su evolución, la prevalencia de la dependencia por grupos de edad y la demanda de prestaciones y servicios.

De ese análisis se desprende que de cada cien personas mayores de 80 años en Cantabria, 32 son dependientes, mientras que entre los menores de 65 la prevalencia es del 0,6 por ciento.

Para saber cuántas serán en 2015 y qué recursos precisarán se ha partido de dos hipótesis: las estimaciones que recoge el Libro Blanco de la Dependencia y la información de que dispone el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Iccas) a partir de su trabajo diario.

Julio Soto ha explicado que, mientras en el Libro Blanco se dice que 94 de cada 100 mayores de 80 años con un grado uno de dependencia solicitarán plaza en una residencia, los datos del Iccas muestran un panorama “radicalmente distinto” y bajan esa proporción a 43 de cada cien.

Si en diciembre de 2009 la población dependiente valorada sumaba 17.492 personas, el 2,96 por ciento de la total; en 2015 se llegará a las 19.514, según la primera hipótesis, y a las 25.491, según la segunda.
Así, según el director general, en 2015 habrá unos 22.000 dependientes que precisarán 1.500 plazas públicas más en residencias, de forma que la red llegará a las 5.000; en torno a cien plazas en unidades residenciales de pequeño tamaño como las viviendas tuteladas para menores de 65 años y un “crecimiento espectacular” del servicio de atención a domicilio.

El Gobierno ha detectado que no es necesario construir más centros de día porque hay incluso más oferta que demanda, salvo en zonas rurales y la recomendación de Bienestar Social es que todas las nuevas residencias que se construyan cuenten con este recurso.