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Atrio, Villa y Hernández, llamados a declarar como imputados el 9 de diciembre

El juzgado nº 50 cita a la vicepresidenta, el secretario y el letrado jefe del Colegio de Médicos de Madrid

Domingo, 02 de noviembre de 2014, a las 20:56
Cristina Mouriño. Madrid
El  Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid ha citado a Ana Sánchez Atrio, Emilio Villa y Carlos Hernández, vicepresidenta, secretario y letrado jefe del Colegio de Médicos de Madrid, respectivamente, para que declaren en calidad de imputados el próximo 9 de diciembre, en relación con la querella que contra ellos habían interpuesto Sonia López Arribas, presidenta del colegio, su marido Joaquín Ruiz, y Antonio Mora, exdirector general del colegio.

Ana Sánchez Atrio y Emilio Villa.

La querella se había presentado por un supuesto delito de violación de correspondencia y revelación de secretos, y ya había sido admitida a trámite, tal y como informó hace varias semanas Redacción Médica. Esta querella fue acumulada en el Juzgado nº 50 a una anterior que había sido formulada por varios miembros de la Junta Directiva del Colegio de Madrid contra la presidenta, su marido y el exdirector general, por una supuesta revelación de secretos relacionados principalmente con una modificación de estatutos entonces en trámite en el colegio.

Según confirmaron a Redacción Médica fuentes próximas al colegio, los denunciantes presentaron la querella contra un supuesto delito de violación de correspondencia y revelación de secretos a partir de varios correos electrónicos que se hicieron públicos y que, según los demandantes, proceden de sus cuentas personales. La querella  fue admitida a trámite por el juzgado nº50 y se acumuló a la interpuesta por la vicepresidenta y el secretario contra Sonia López Arribas.

Estos correos fueron los que hace casi ya un año desataron el conflicto en la institución madrileña. Según aseguraba entonces la vicepresidenta del colegio, Ana Sánchez Atrio, a Redacción Médica, en el correo se “difama e insulta al resto de miembros de la Junta Directiva” y pone en evidencia que la presidenta ha vulnerado la “privacidad y confidencialidad de los asuntos que competen a la misma”. El conocimiento de estos correos provocó la división en la Junta Directiva y la falta de confianza de 8 de sus miembros con respecto a la presidenta.

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