Aprobado el Plan de Inspección en materia de Política Social para 2012

Redacción. Pamplona
La Comunidad Foral ha aprobado el Plan de Inspección en materia de Política Social para 2012 para conseguir el bienestar social de la población, garantizando el derecho universal de acceso a los servicios sociales. Asimismo, es objeto de esta Ley Foral configurar un sistema de servicios sociales que permita prestar servicios con las condiciones óptimas con el fin de asegurar la autonomía, dignidad y la calidad de vida de las personas.

Elena Torres, consejera de Política Social.

El Plan de Inspección para el año 2012, contiene algunas diferencias con respecto al Plan anterior. Se mantiene la línea de inspección de derechos de las personas usuarias de servicios residenciales con especial hincapié en el tema de sujeciones físicas y farmacológicas. En este sentido, se va a realizar una labor de asesoramiento a los Centros para conseguir un uso racional de sujeciones y una mayor protección de la dignidad, libertad y autonomía de los usuarios en este ámbito.

Asimismo, se mantiene, aunque aumentando al cien por cien el número de Centros inspeccionados, la línea básica de inspecciones ordinarias en centros residenciales y en centros de día, concretando los campos objeto de inspección a los relativos a seguridad y requisitos administrativos. No obstante, también se realizarán inspecciones ordinarias presenciales, en el 50 por ciento de los Centros Residenciales y de Día para constatar el cumplimiento legal por parte de los mismos en materia de señalización exterior, recursos humanos y organización del personal.

En relación a la de inspección de conciertos, se deja a demandas concretas que pueda formular la Agencia Navarra para la Dependencia, en relación con determinadas cláusulas de los distintos conciertos.

Con respecto a la línea del control de ayudas, este año se centrará, con la colaboración del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, en la verificación de la homogeneidad en la aplicación de los criterios adoptados para la concesión de las ayudas de Renta de Inclusión Social, con el fin de minimizar los posibles riesgos de falta de equidad en su aplicación.