Redacción Médica
16 de julio de 2018 | Actualizado: Domingo a las 18:30
Domingo, 15 de julio de 2012, a las 15:29
MONCLOA RECURRE LA SUBASTA DE FÁRMACOS Y EL DECRETO VASCO SOBRE PRESTACIONES
Andalucía y País Vasco, en manos del Constitucional por sus contrarreformas
Considera que vulneran competencias estatales sobre prestación farmacéutica, condición de asegurados, cartera común y financiación de prestaciones sanitarias

Redacción. Madrid
El Gobierno ha tomado la decisión de llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) la normativa sobre prestación farmacéutica de Andalucía, conocida como subasta de fármacos, y el decreto sobre prestación sanitarias aprobado por País Vasco para sortear la aplicación de las reformas sanitarias del Real Decreto 16/2012 en el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. En concreto, el Consejo de Ministros considera que ambas normativas vulneran competencias estatales sobre prestación farmacéutica, condición de asegurados, cartera común de servicios y financiación de prestaciones sanitarias.

Más argumentos jurídicos para suspender la subasta andaluza

María Jesús Montero, consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y Rafael Bengoa, consejero de Sanidad y Consumo de País Vasco.

En el caso andaluz, el Gobierno adiciona ciertos artículos a la Ley de Farmacia de Andalucía de 2007, al igual que la Resolución del 25 de enero de 2012, por vulnerar las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así como en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.

Cabe recordar que este procedimiento se encuentra paralizado por la interposición de un conflicto positivo de competencias a la Resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que convocó la primera selección de medicamentos. Este primer recurso fue aprobado el pasado 30 marzo en Consejo de Ministros y admitido a trámite por el TC el pasado mes de mayo, lo que implica una paralización mínima de cinco meses hasta su resolución.

El decreto vasco podría quedar paralizado antes de agosto

En cuanto al Decreto de 26 de junio de 2012 del Ejecutivo vasco, el Gobierno ha decidido invocar la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución. Esta medida implica la suspensión del Decreto una vez sea admitida a trámite la impugnación por el Tribunal Constitucional. De este modo, Moncloa pretende posibilitar la aplicación del régimen previsto en el Real Decreto Ley de 20 de abril de 2012 de medidas urgentes con el fin de “mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones en cuanto a la regulación de la condición de asegurado, cartera común de servicios y financiación de prestaciones sanitarias”.