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mar 11 enero 2011. 18.23H

María Márquez. Madrid
El contenido sanitario del Pleno de la Asamblea de Extremadura de ayer jueves ha estado protagonizado por la polémica sobre la limitación de las tiras reactivas para los diabéticos de 5 a 3 lotes. Los argumentos del Partido Popular fueron defendidos por Felisa Cepeda, quien instó a la Junta a que facilitase “la libertad de elección” de los pacientes además de acusarles de “no oír todo un clamor de la Federación de Diabéticos Españoles y de las asociaciones extremeñeas”. La decisión de la Junta fue explicada por la socialista María Consolación Serrano, quien apeló a razones técnicas y de ahorro. Por otro lado, la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto, compareció en el parlamento para detallar la firma de convenios con los Ayuntamientos para mantener los servicios de atención continuada.

De los medidores a la teoría del ahorro y la racionalización

Felisa Cepeda (PP) y María Consolación Serrano (PSOE).

La premisa inicial era la propuesta ‘popular’ de instar a la Junta a “cumplir los objetivos establecidos en el Plan Integral de Diabetes 2007-2012”, que finalmente fue encaminada hacia la decisión de reducir las tiras reactivas para diabéticos de cinco a tres lotes. Tras la intervención de Cepeda, Serrano resaltó que los pacientes “van a tener garantizadas el tipo y número de tiras que necesiten para un adecuado autocontrol”. Justificó la polémica medida alegando que “ahora apenas hay diferencias entre los medidores” y por tanto con el nuevo contrato se ahorraría un 70 por ciento en la compra, siendo la tira un 30 por ciento más barata. La diputada socialista acusó al PP de “utilizar a los diabéticos y sus asociaciones” y relacionó al partido con “los intereses de la industria farmacéutica”, que también clama por recuperar los dos lotes ‘perdidos’. A pesar de todo, Serrano hizo hincapié en que “a cada diabético le daremos la tira "en función de su edad” y otros parámetros como su situación metabólica. En su siguiente intervención, Felisa Cepeda acusó a la Junta de dejarse llevar por el interés económico increpándoles con: “Menos cargos en el SES y mejores actuaciones sanitarias”. Además, señaló la necesidad de “copiar de las autonomías que lo están haciendo bien, como Aragón, Baleares o Asturias, que cuentan con nueva tecnología” para este tipo de controles. Finalmente, Serrano le advirtió de que “no mintiese y asustase a la población, porque los invidentes tendrán su medidor” y que el objetivo de la Junta “no es ahorrar, sino racionalizar”.

Juan Antonio Barrios (PP).

En el turno de interpelaciones, el diputado popular Juan Antonio Barrios preguntó a la consejera María Jesús Mejuto por la firma de convenios de colaboración con ayuntamientos para el mantenimiento del servicio de atención continuada en Extremadura.

Mejuto le recordó que los objetivos de estos acuerdos era “la prestación del servicio y el fomento del empleo”. Barrios criticó el sueldo de los celadores de estas instalaciones, asegurando que son “inferiores a los de los celadores hospitalarios” (690 euros brutos con turnos de noche y madrugada).

A su afirmación, la consejera de Sanidad y Dependencia contestó que el próximo año verán la luz 87 convenios que supondrán la contratación de 284 profesionales.