“No es posible medir la eficiencia de un medicamento sin recorrido en el mercado”, según la Plataforma de Pacientes

Redacción. Madrid
La llegada de tratamientos innovadores de enfermedades tales como la hepatitis C y la fibrosis quística durante los últimos meses ha propiciado la formación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, constituida el pasado mes de octubre con los principales fines de defender la unidad, situar al afectado como protagonista y actuar como marco jurídico de protección en casos necesarios.

Estos tres pilares han llevado a la nueva agrupación a insistir en la idea de que “la efectividad de los últimos fármacos debe medirse a largo plazo”, pues solo entonces será valorable su calidad y/o  la esperanza de vida ganada: “es difícil valorar la eficiencia a corto plazo de un medicamento que no ha tenido recorrido en el mercado”, manifiestan.

Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y Mª Jesús Delgado, presidenta de la Federación Española de Párkinson (FEP); agrupaciones miembro de la plataforma.

Desde la vertiente legal, el conjunto ha destacado que la protección a la salud es un “derecho constitucional”, recogido en el artículo 43 de la Carta Magna, y directamente ligado al “derecho a la vida y a la integridad física de toda persona” (artículo 15). De esto, se deriva “el deber de los poderes públicos de garantizar la salud a sus ciudadanos y el acceso a los fármacos”, con independencia de la comunidad autónoma a la que pertenezcan los pacientes.  La plataforma señala que asegurar la equidad “es una obligación de las autoridades sanitarias” con el fin de evitar cualquier discriminación en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

La brevedad en la administración de los fármacos es importante, siempre y cuando se mantenga la cautela sobre los resultados ya estudiados por los especialistas, encargados de prescribir los productos. El criterio de los profesionales es defendido por la suma de federaciones, así como su libertad de actuación, que no debe quedar condicionada en ningún caso por el criterio económico: “demandamos al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de las comunidades autónomas que pongan los fármacos a disposición de los profesionales y se habiliten las partidas económicas necesarias para financiar el coste del medicamento”, concluyen.

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