Mato convoca para el 18 de abril el Consejo Interterritorial del 'tijeretazo' de los 7.000 millones en sanidad

La ministra Ana Mato, tras su primer Interterritorial.

En su primera reunión con los consejeros, el pasado 29 de febrero, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad marcó la hoja de ruta de la reforma que precisa, en su opinión, el SNS vehiculizada mediante el Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales. Organizó siete grupos de trabajo otorgando tres de ellos al ámbito de los recursos humanos, siendo uno de las grandes aspiraciones conseguir el registro de profesionales mediante una recopilación homogénea de los datos autonómicos.

La cita del día 18 estará marcada por las declaraciones tanto de Mato como del ministro De Guindos y también de Cristóbal Montoro, que han manifestado a diferentes medios que el pago de la asistencia en función de la progresividad de la renta “está en la mesa” del Gobierno. El ministro de Economía lo aplicaría a las rentas más altas (a partir de 100.000 euros), en línea por lo defendido por Montoro, mientras que la titular de Sanidad se ha desmarcado enfocando sus propósitos a la prestación farmacéutica y asegurando que cualquier reforma planteada no será aplicada sin lograr el consenso del Consejo Interterritorial.

Reordenar el pago de medicinas según la renta

Según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales, el Ministerio de Sanidad está estudiando varias fórmulas para recortar alrededor de 7.000 millones adicionales en el gasto de la sanidad española que van en la línea de reordenar la cartera de servicios básicos, manteniendo el número de patologías que ahora se atienden, pero modificando la gestión y marcando prioridades, .

Asimismo, el Departamento que dirige Ana Mato estudia el pago de las medicinas en función de la renta, un mayor control del turismo sanitario, aplicar la receta electrónica y una tarjeta sanitaria única en toda España, así como reducir el transporte sanitario.

En el abanico de medidas figura también la puesta en marcha de una central de compras centralizada, una propuesta que podría suponer un ahorro de hasta el 10 por ciento de los 7.000 millones que prevé recortar el Gobierno en sanidad.