¿Cuánto costará pagar a los residentes de la nueva especialidad MIR?

Los futuros médicos españoles ya se preparan para optar a algunas de las plazas de las nuevas especialidad médica que, este mes de mayo, ha confirmado el Ministerio de Sanidad. Mediante una publicación en su web de audiencia, Ordenación Profesional ha dado el visto bueno para implantar, en el curso 2020-2021, la especialidad de Medicina Legal y Forense. Una residencia que, con sus cuatro años de duración, costará al estado unos 170.000 euros por futuro  especialista.

Según el presupuesto argumental del proyecto, el salario base (junto con complementos y pagas extra) aglutinará hasta un total de 67.302 euros por los cuatro años de residencia. Sanidad explica que, ya que los residentes se incorporan en mayo y finalizan en ese mismo mes el costo por el año de residencia que empiezan y acaba (2021 y 2025) es inferior. Siendo en el primer año de los residentes (no contabilizado como año lectivo) una retribución de 8.647 euros y el cuarto, que sería el 2024, 18.357 euros.

Pero, además de su salario por sueldo base, estos nuevos residentes también cobrarán las guardias hasta un total de 59.941 euros. Una retribución similar a la del salario base con una diferencia de apenas 7.000 euros. En su caso, como en el del sueldo base y los complementos, las guardias van pagándose más caras según el facultativo obtenga experiencia pasando de los 13.045 euros por ellas (media de las guardias de su segundo año, el primero que hacen entero) a 17.146 (el tercero).

Pero, además del suelo que cobran los residentes, al ser el Estado su empleador hay que pagar una serie de prestaciones por desempleo, cuota a la patronal y seguridad social que, en este caso, el Real Decreto también contabiliza. Este apartado asciende hasta 42.626 euros por los cuatro cursos formativos de residentes.

De cinco a diez plazas

Con todo ello, el número de plazas de acuerdo con estas previsiones podría oscilar entre un mínimo de 5 plazas/año y un máximo de 10 plazas/año, que se distribuirán entre el ámbito dependiente del Ministerio de Justicia y el resto de comunidades autónomas con competencias transferidas.

La financiación de estas plazas correspondería al Ministerio de Justicia o a la Comunidad Autónoma dependiendo de la ubicación de las unidades formativas acreditadas. Por ello el importe de la financiación por parte del Ministerio de Justicia oscilará dependiendo del número de plazas que asuman las Comunidades Autónomas con competencias en justicia.

Aun así la previsión es que al Ministerio le corresponda la financiación de entre 5 y 10 plazas anuales por convocatoria y el incremento de coste anual por esta propuesta en 2021 estaría entre un máximo de 209.010 euros y un mínimo de 104.505 euros en 2022 oscilaría entre 590.290 euros de máximo y 295.145  euros de mínimo, en 2023 entre un máximo de 1.021.790 euros y un mínimo de 510.895 euros, en 2024 entre un máximo de 1.495.750 euros y un mínimo de 747.875 euros y en 2025 entre un máximo de 1.698.690 euros y un mínimo de 849.345 euros.