Concurso TRD Murcia: Villegas se parapeta tras los médicos ante la Fiscalía

La Fiscalía de Murcia ha pedido explicaciones a la Consejería de Salud murciana, dirigida por Manuel Villegas, sobre el concurso de terapias respiratorias domiciliarias (TRD). En un documento al que ha tenido acceso en exclusiva Redacción Médica, el organismo judicial murciano admite que la Consejería ha delegado en los médicos toda responsabilidad para la resolución del concurso, que estaría un 30 por ciento infrafinanciado y del que podrían hacerse con la gestión dos empresas sin apenas experiencia en el sector: Acciona y Ferrovial.

“Vista la respuesta facilitada por la Consejería de Salud en el sentido de que ese expediente se encuentra en el trámite de emisión de informe de valoración de los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor (sobre B) por el Comité de expertos designado al efecto, remitiendo un índice con las actuaciones practicadas hasta la actualidad en el citado expediente”, narra textualmente el mencionado documento.

Es decir, que la Consejería estaría dejando en manos de los jefes de Neumología de los hospitales públicos del Servicio Murciano de Salud (SMS) la aceptación del polémico concurso, por lo que entiende que hasta que ésta no se haya realizado se estaría anticipando “una supuesta adjudicación de un servicio en unas condiciones que pueden ser perjudiciales para los pacientes destinatarios al perderse calidad en el mismo”.

Sin permisos de la Aemps

La Administración murciana, por el contrario, ha explicado a los médicos que ellos han de ocuparse únicamente de evaluar las condiciones técnicas para dar un buen servicio, desligándose de requisitos tan relevantes como la necesaria acreditación de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), de la que carecen las mencionadas empresas así como las que participan con ellas en el concurso a modo de Unión Temporal de Empresas (UTE).

La Fiscalía añade que si bien aún no se puede deducir “la comisión de delito alguno”, sí matiza que ello es “sin perjuicio de que una vez se resuelva el concurso convocado y también se dicte la resolución que corresponda por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (hay registrada una reclamación por una de las empresas), si se observare la existencia de indicios de algún delito se pueda volver a plantear un estudio de estos hechos”.