Tomás Merina, ganador de las elecciones del Icomem, cuya candidatura fue anulada en enero pasado.
Han pasado casi cuatro meses desde que la Comisión de Recursos del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) emitió una resolución
invalidando la candidatura de Tomás Merina, ganador del proceso electoral para presidirlo. Desde ese momento, ha presentado una serie de
reclamos y recursos ante la justicia que hasta ahora no dejan claro cuál es el camino que se debe tomar en medio de esta situación.
Ya en abril, Merina remitió documentación al Juzgado de Instrucción Nº13 sobre
la gestión que se realiza en el inmueble de titularidad del Icomem ubicado en la
calle Esparteros, con el objetivo de que se investigue
la posible comisión de delitos de parte del todavía presidente en funciones Manuel Martinez-Sellés. Ahora, ha tomado una nueva medida:
dirigir una carta a la entidad bancaria con la que opera el Icomem para que "proteja el patrimonio de los médicos y médicas de Madrid".
El documento, al que ha accedido
Redacción Médica, señala que ha tenido "conocimiento de hechos y circunstancias relevantes que afectan a la integridad" del Colegio y que "a su vez, pueden
comprometer el código de buenas prácticas" del banco. Así, detalla que según el artículo 19.1 de los Estatutos del Icomem, los cargos directivos tienen un mandato de actuación de cuatro años, periodo que caducó para la actual junta en octubre de 2024. Además, el artículo 18.8 establece un plazo máximo de 45 días desde la proclamación para la toma de posesión de la nueva junta, y que dicho periodo "
ha sido ampliamente rebasado".
En esa línea, Merina califica de "inadmisible" que se utilicen "los
poderes de disposición que corresponden exclusivamente al presidente electo con absoluta impunidad y plena libertad". "Tanto es así que, en ese plazo,
Manuel Martinez-Sellés no solo no ha cesado en el desempeño de su cargo, sino que
sigue disponiendo del mismo como si hubiera sido reelegido y, lo que es más flagrante, según nos informan empleados del Colegio,
prosigue percibiendo un salario por eso y haciendo disposiciones de las cuentas del banco en que figura el Icomem como titular, tanto a su favor como a los escasos compañeros de Junta saliente que aún permanecen", dice el texto.
Permisos vencidos y disposición económica
El documento enviado a la entidad bancaria culmina poniendo énfasis en que se está "disponiendo libremente de los fondos de la cuenta",
más allá de los gastos fijos y necesarios que "pueden considerarse imprescindibles" en la institución, como son las nóminas de los trabajadores, pagos de seguridad social, impuestos, entre otros.
"Por ello, solicito que se
realicen las acciones necesarias para corregir la situación de manera inmediata y una respuesta sobre las medidas que el banco tomará para corregir el error", pide Merina, así como la implementación de medidas que
impidan que estos hechos se repitan.
Requerimiento de información financiera
Desde el Icomem también han dado respuesta frente al pedido de información de aspectos económicos y medidas financieras remitido por Tomás Merina. Carlos Hernández, responsable de Asesoría Jurídica, le informó a través de un escrito que el
régimen retributivo se ha mantenido ya que no estaba "
específicamente regulado". "La práctica que se ha desarrollado en el Colegio por anteriores Juntas es que se mantenía el régimen retributivo que venía existiendo hasta la toma de posesión de la siguiente Junta Directiva", señala. Es decir, un gasto que -según los reportes de 2023- asciende los
640.000 euros anuales entre sueldos y dietas
Añade también que los Estatutos contemplan que al término de cada mandato, la Junta Directiva saliente
deberá encargar una auditoría de gestión y otra económico-financiera, correspondientes al periodo en que se ha ejercido la responsabilidad de gobierno. "Por lo que se nos ha manifestado a esta Asesoría Jurídica, dicha auditoría
se encuentra actualmente en tramitación", detallan.
Dicho informe es el que está pendiente de dar a conocer el Colegio. En marzo pasado, fuentes de la institución indicaron a este periódico que
"próximamente" se publicarían los resultados económicos de 2024,
previsiblemente en abril, aunque -hasta el momento- eso
no ha sucedido.
Descartan el incremento de retribuciones
Posteriormente, a través de un comunicado de prensa, el Icomem ha asegurado que la "actual Junta Directiva
no ha incrementado su retribución respecto a etapas anteriores" y que, por el contrario, desde que Martinez-Sellés asumió la dirección del Colegio en 2020 "se han adoptado
medidas de contención y reducción de costes, incluyendo una rebaja en las percepciones de los cargos electos".
"Como ejemplo concreto, la retribución bruta mensual de una vocalía en el año 2021 era de 1.208,32 euros. Actualmente, esa
misma vocalía percibe 916,60 euros brutos al mes, lo que supone una reducción
superior al 24 por ciento", enfatiza. Datos que, según expone, son verificables y forman parte de los registros contables y presupuestarios de la institución. Además, agrega que las retribuciones actuales "siguen los mismos criterios y cuantías aprobadas en mandatos anteriores, sin haberse producido aumentos durante esta legislatura".
Por último, el Colegio subraya que "se reserva su derecho a
emprender las acciones legales oportunas ante cualquier manifestación pública que atente contra el honor, la veracidad o el buen nombre" de la institución o de sus representantes.
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